El Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba (TOF 1) dio a conocer ayer las sentencias para 19 imputados en el marco del juicio por crímenes de lesa humanidad ocurridos en centros clandestinos que funcionaron en la provincia entre febrero de 1975 y mayo de 1978. El Tribunal –integrado por los jueces Julián Falcucci, Jaime Díaz Gavier y Juan Carlos Reynaga– condenó a prisión perpetua al teniente coronel retirado Jorge González Navarro e impuso penas de entre 3 y 17 años de prisión para el resto. Seis acusados fueron absueltos. Los organismos de derechos humanos cuestionaron las penas impuestas.

El juicio conocido como “Menéndez IV” surgió de la acumulación de las causas “González Navarro y otros” y “Vergez Héctor Pedro y otros”, e investiga los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, homicidio calificado en grado de tentativa, homicidio calificado, abuso deshonesto y violación agravada”, cometidos contra 61 víctimas (seis de ellas asesinadas, una aún desaparecida). 

González Navarro, quien se desempeñaba en la IV Brigada Aerotransportada del Ejército en Córdoba al momento de los hechos que se juzgaron, fue encontrado culpable de secuestros, torturas y homicidios. También fueron condenados Héctor Hugo Lorenzo Chilo a 17 años de prisión, Rubén Osvaldo Brocos y Luis Gustavo Diedrichs a 8 años, Héctor Vergez y Ernesto Guillermo Barreiro a 12 años, Alberto Luis Choux a 11 años, Calixto Luis Flores, Mirta Graciela Antón y Enrique Alfredo Maffei a 10 años, Carlos Alberto Díaz a 9 años, José Luis Yañez a 6 años y Jorge Ezequiel Acosta a 3 años de prisión. 

Resultaron absueltos Yamil Jabour, Juan Eduardo Ramón Molina, Eduardo Grandi, José Andrés Tófalo, Ricardo Lardone y Oreste Valentín Padován. Se trata del primer juicio en el que se juzgaron crímenes cometidos durante el proceso previo al inicio de la dictadura. 

El juicio había comenzado el 21 de noviembre de 2017 con 21 imputados, entre ellos, como acusado principal, el genocida Luciano Benjamín Menéndez, quien falleció el 27 de febrero último. Los hechos que se juzgaron fueron cometidos en los centros clandestinos como Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2) y Campo La Ribera, del Ejército. 

Tras la lectura de la sentencia, organismos de derechos humanos de Córdoba que se encontraban en la sala de audiencias, entre ellos Madres de Plaza de Mayo, Hijos, Familiares de Detenidos y Desaparecidos, y otros, expresaron su disconformidad con las penas impuestas a los represores a los que despidieron al grito de “asesinos” y “violadores”. En tanto, el fiscal Maximiliano Hairabedián se mostró “satisfecho” con las penas dictadas por el Tribunal, aunque señaló que en la lectura del veredicto “hubo muchos casos” en los que se “podría haber puesto una pena mayor”. El 15 de mayo próximo se conocerán los fundamentos de la sentencia.