Los primeros comentarios que surgieron desde que se conocieron los 13 artículos de la “ley corta” que demuelen las “leyes largas” de comunicaciones Audiovisual, Digital y Satelital develan varias aspectos de la propuesta sobre los cuales vale la pena detenerse:

  • Confisca la infraestructura de cooperativas, Estados y pymes en beneficio de tres grandes corporaciones: Cablevisión, Telefónica y América Móvil.
  • Dinamita los canales de expresión de pueblos, comunidades y minorías diversas.
  • Promueve el desembarco a bajo precio de contenidos trasnacionales vía satélite.
  • Impulsa la reducción del acceso a Internet, el mercado audiovisual y celular en dos operadores internacionales y uno nacional.
  • Destruye el entramado de producción local e independiente.
  • Obtura el desarrollo tecnológico nacional.

En definitiva, reduce la pluralidad y diversidad de los contenidos, servicios y tecnologías a empaquetados centralizados, predominantemente foráneos. Como consecuencia, debilita la democracia.

Para la cúpula gobernante y sus aliados nacionales e internacionales las tecnologías, la información y las comunicaciones son un commoditie a comercializar al menor costo y maximizar así las ganancias, como si se tratara de cualquier otro producto, soja, maíz o trigo, por citar algunos.

En consonancia, algunas de las frases con que justifican las medidas provienen de las gerencias de marketing. “Fomentar el despliegue de infraestructura y la competencia”, “condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad”, “naturaleza mundial y abierta de la red (Internet)”, “mejores prestaciones a los consumidores, a precios competitivos y con mayor calidad”, “competencia genuina y sostenible”, “regulación artificial”, “realidad indiscutible”, “distorsiones del mercado”, “neutralidad tecnológica”, “regulación no discriminatoria”, “máximos estándares de calidad normativa”, “mejores prácticas regulatorias internacionales”, todas ellas mencionadas en los considerandos de la “ley corta”. Tan válidas para el dentífrico como para la comunicación. Varias de ellas aceptadas por buena parte de la doctrina comunicacional más bien intencionada y cuya crítica excede las posibilidades de este espacio.

Es que a primera vista estas consignas lucen bien o, al menos, inocuas. Pero puestas en práctica operan para imponer en los medios los contenidos de quien disponga de mayor poder de fuego (capital o influencia) para instalarlos. El pluralismo y la diversidad queda así relegado a la narración oral o, a lo sumo, a blogs y videos que el buscador de la web jamás priorizará.

Hay pruebas del sentido que la administración nacional pretende imprimir a las comunicaciones: censura, agonía o cierre de diarios, radios y canales, listas negras, retroceso tecnológico, espionaje, estigmatización, apresamiento de empresarios, represión y cárcel a los reporteros en las manifestaciones populares, privatizaciones, extranjerización y concentración.

Traducido en nombres propios, como ejemplos, una lista incompleta incluiría a Telesur, América, El Mundo, Madres, Rivadavia, C5N, CN23, Tiempo Argentino, Víctor Hugo Morales, Roberto Navarro, Horacio Verbitsky, 678, Arsat, Invap, Fútbol para Todos, Daniel Lara, Juan Mourenza, Ezequiel Medone, Facebook-Cambridge Analytica y socios locales, Cristobal López, Hughes, Turner, Fox, Rede Record, InterMedya y Telecom.

Ante la avalancha da pudor esgrimir una crítica “académica” a las “leyes largas” citadas arriba. O a su puesta en marcha. Solamente cabe pensar a futuro en una restauración que comience por abajo.

La contracara de la “ley corta” es una nueva “ley larga” que con paciencia teja, proteja y viabilice el derecho de todos y todas a expresarse, informarse y a distribuir contenidos, servicios y tecnologías, que comience por abajo, por las minorías, los más débiles, las organizaciones sin fines de lucro, las comunas, los municipios, desde el interior hacia las grandes ciudades, conformando así el pensamiento nacional desde sus raíces.

Y por arriba, más vale pensar una regulación a los intermediarios de Internet, cuya capacidad de daño a los cimientos de la convivencia democrática quedó expuesta descarnadamente en las últimas elecciones de los países centrales.

En diciembre de 2017 la Cámara de Diputados estuvo a poco de aprobar la ley Pinedo-Fellner, con media sanción en el Senado, que eximía de cualquier responsabilidad a las redes sociales, buscadores y hasta a los sitios de comercio electrónico.

* Docente. Carrera de Ciencias de la Comunicación UBA