El empresario Alfredo Coto sostuvo que algunas de las armas encontradas en el arsenal que secuestraron de uno de sus supermercados eran de fuerzas de seguridad y habían sido dejadas ahí para evitar saqueos. El supermercadista se presentó a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Sebastián Ramos: le entregó un escrito de 36 páginas en las que pidió su sobreseimiento y optó por no responder preguntas. En la presentación, Coto aseguró que tomó conocimiento del tema de las armas a través de un gerente. Advirtió que tenía autorización para tener armas y además la cadena de supermercados contaba con una licencia como “usuario colectivo” para su propia empresa de seguridad. Lo cierto es que esa licencia estaba vencida desde 2014. Culpó por los atrasos en el trámite de renovación a otro gerente. Sobre las armas sin autorización encontradas en el supermercado de Paysandú al 1800, sostuvo que eran de la Policía Federal, de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval. Afirmó que esas fuerzas habían dejado las armas allí desde hacía unos tres años, en una época en la que se temían saqueos. No obstante, la información recabada por el fiscal Jorge Di Lello no coincide con la argumentación de Coto, quien dejó sin explicar algunos detalles: por ejemplo, qué hacía allí un lanzagranadas con la numeración limada, además de 200 granadas y un silenciador.