“Los hechos son gravísimos y muestran que la escalada represiva que culminó con la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel no fueron hechos aislados sino la consecuencia de una política de criminalización de los pueblos originarios que la APDH viene denunciando”, dijo a PáginaI12 Mauricio Rojas, abogado de ese organismo de derechos humanos. “La APDH señalo desde el principio que hay que investigar el contexto de la muerte de Santiago. Días antes del ingreso violento al Pu Lof, funcionarios anunciaban que actuarían usando la flagrancia, que es una excepción que permite el Código Procesal Penal para actuar sin orden del juez pero que requiere inmediatez y urgencia, ninguno de los requisitos se dio el 1 de agosto para que Gendarmería haya ingresado violando el domicilio, disparando a mansalva, quemando pertenencias y destruyendo construcciones”. Rojas, que encabeza una de las querellas en el caso Maldonado, apuntó que “la hipótesis del abuso de autoridad seguido de muerte es un tipo penal que observamos como una línea más de análisis, es un homicidio agravado donde desde lo jurídico no se discute cómo murió o de qué murió Santiago, sino si el hilo conductor de su muerte fue producto de un abuso de autoridad. Por esta razón notamos mucha resistencia a investigar la ilegalidad del operativo en el territorio”.