Otra vez la Justicia porteña falló a favor de los estudiantes secundarios y ordenó suspender el nuevo protocolo anti tomas que había elaborado el Ministerio de Educación porteño en febrero pasado. El protocolo fue la respuesta ideada por el Gobierno a las tomas de los colegios secundarios, que se realizaban contra la reforma inconsulta, bautizada Secundario del Futuro. La jueza Elena Liberatori declaró “inaplicable” el “instructivo sobre la forma de proceder en caso de toma de establecimientos educativos” y suspendió la aplicación de cualquier protocolo del que no hayan participado en su elaboración los estudiantes y el resto de la comunidad.
Liberatori suspendió la resolución 643/18, en la que el Ministerio de Educación porteño estableció las “Pautas para la Convivencia Escolar que deberá cumplir el equipo de conducción en caso de producirse la toma de establecimientos educativos de gestión estatal”. Frente a una posible toma, el nuevo protocolo ordenaba a los directores de escuela a llamar a los padres de los estudiantes para que retiren a los chicos de las escuelas y en caso de no hacerlo serían los adultos los responsables por eventuales daños en los edificios.
Este protocolo, sin embargo, no fue el primero. Antes, la cartera que conduce Soledad Acuña le había solicitado a los directores de escuela que ante la toma del establecimiento realicen la denuncia en la comisaría más cercana. En la audiencia convocada por la jueza, los representantes del ministerio negaron haber dado esa orden, aunque el instructivo fue enviado por correo electrónico desde una cuenta oficial del gobierno porteño.
En ambos casos, la nueva sentencia dictada por el juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº4 ordena la suspensión. En el caso del primer instructivo, el que solicitaba la denuncia policial, Liberatori lo declara “inaplicable” y dispone su “inaplicabilidad total en el futuro”. En el caso del segundo protocolo, la jueza lo suspende hasta tanto no el Ministerio no “subsane las omisiones incurridas en la elaboración de las pautas”, en referencia a la falta de participación de la comunidad educativa y los mismos estudiantes.
“La Sra. Ministra de Educación Soledad Acuña, no tuvo en cuenta durante la elaboración ni en el contenido de dicho “protocolo” o “pautas” que establece la resolución 643/MEGC/18, la manda constitucional y legal de oír a la comunidad educativa y a los niños, niñas y adolescentes”, aclaró la jueza en el fallo, que se conoció ayer. “Este incumplimiento debe ser subsanado”, remarcó la magistrada.
“El fallo le da la razón a los chicos. Este nuevo protocolo se hizo sin la participación de los alumnos y sin respetar algunas normas que ya existen como las mediaciones escolares”, sostuvo el asesor tutelar Gustavo Moreno, autor del amparo. Según Moreno, lo que el Ministerio llama toma responde en realidad a una ocupación pacífica por parte de los estudiantes en el marco de un conflicto escolar. “Como ocurre adentro de la escuela tiene que ser abordado desde un punto de vista de una mediación y ya hay normativa para eso”, señaló el asesor, que celebró el nuevo fallo de Liberatori.
Sin embargo, la mayor preocupación desde el Ministerio Público Tutelar, insiste Moreno, es que ninguno de los protocolos elaborados por la ministra Acuña contempla la cuestión de fondo: cómo resolver las causas de la ocupación. “Lo que hay que resolver son los motivos de la ocupación, no las consecuencias. Y eso no quita la responsabilidad de los chicos en caso de que ocurran ilícitos, eso también ya está enmarcado en la ley”, puntualizó Moreno.
Desde el Ministerio de Educación porteño confirmaron a este diario que aún no fueron notificados oficialmente del fallo pero que de todos modos apelarán la medida.
