El profesor de Derecho Constitucional de la UNR, ex diputado nacional y autor de la ley de divorcio, Ricardo Terrile, apuntó a "un derecho que sea una alternativa posible". En tanto, Mabel Gabarra, abogada especialista en derecho de familia y referente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Rosario, pidió a los legisladoras que "escuchen las voces" de quienes se expresan en las calles por el aborto legal.

"Los derechos convencionales y constitucionales no son absolutos, admiten ser reglamentados. En nuestro sistema son relativos. Tenemos dos disposiciones para situaciones puntuales (sobre el aborto no punible). Frente a la mujer con un problema grave de dolencia como consecuencia del embarazo, el médico no puede dudar dice el Código Penal. En la violación tenemos como antecedente el caso FAL para la interrupción voluntaria del embarazo. No es que el derecho a la vida está por encima de los otros, no hay escala jerárquica porque hay criterios de interpretación", dijo el abogado Terrile.

Gabarra, en tanto, habló de Estado laico, democracia y aborto legal: "Una de las reivindicaciones de la Campaña es la vigencia de un estado laico real en Argentina, porque consideramos que la laicidad es condición necesaria de la democracia y garantía de la libertad de conciencia e igualdad entre las personas. Históricamente, la Iglesia consideró a las mujeres como seres inferiores. En nuestra historia reciente, las jerarquías eclesiásticas y fundamentalismos religiosos se opusieron a la consagración de nuestros derechos sexuales y reproductivos".

"En los últimos años -agregó-, con la presencia de la Campaña, la acción de los socorrismos, de la Red de Profesionales de la Salud por el derecho a decidir y de funcionarias y funcionarios se ha logrado paliar la ilegalidad el aborto y aumentar los niveles de conciencia social. Hoy se expresa en las calles el reclamo de aborto legal, escuchen esas voces. Se les pide ampliar derechos. Negarlos significa más represiones y muerte de mujeres. Sus creencias no pueden primar sobre los derechos a la vida y la salud de a quienes representan".