“No tenían por qué haberlo matado y menos de esa manera, de un tiro por la espalda. Lo único que pido como mamá es que a los responsables los pongan presos”, exigió Graciela Salvo, la madre de Rafael Nahuel, el joven mapuche asesinado durante un operativo represivo de la Prefectura Naval para desalojar a la comunidad Winkul Mapu en Villa Mascardi. Graciela y Alejandro Nahuel, padres de Rafael, encabezaron la movilización que esta tarde recorrió el centro de Bariloche para reclamar justicia a 5 meses del crimen. 

La movilización recorrió 20 cuadras por la zona comercial de la ciudad patagónica hasta el Centro Cívico encabezada por una bandera que exigía: "Ni olvido, ni perdón. Justicia por Rafita". Al tomar la palabra, la madre del joven mapuche interpeló a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al presidente Mauricio Macri, a quienes les exigió que “se hagan cargo para que esto no quede impune”, y al juez de la causa Gustavo VIllanueva, a quien le pidió que “pongan presos a los responsables”.

Acompañados por familiares, referentes de comunidades mapuches, militantes de partidos de izquierda y de organizaciones sociales, el reclamo por el joven que integraba el colectivo Al Margen —organización barrial y medio popular de la ciudad patagónica— volvió a oírse mientras la causa judicial avanza lentamente y aún mantiene como imputados a  Fausto Jones Huala y Lautaro González, integrantes de la comunidad  Winkul Mapu, que bajaron a Rafael hasta la ruta 40 aquel 26 de noviembre, para que pudieran asistirlo por el disparo que había recibido por la espalda. 

El balazo de 9 milímetros que ingresó por la espalda de Rafael coincide con las armas reglamentarias de los prefectos del Grupo Albatros que participaron aquella tarde en el operativo represivo. La ministra Bullrich defendió desde el primer día la actuación de la fuerza de seguridad y la versión oficial de un tiroteo provocado por la comunidad. "Le damos el carácter de verdad a la versión de Prefectura, no necesitamos pruebas", había sentenciado Bullrich dos días después del asesinato. 

Sin embargo, las pericias del Departamento de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche (CAB) detectaron en las manos de los integrantes de Prefectura que participaron del operativo de seguridad los rastros químicos que deja la pólvora tras el disparo de un arma de fuego y no en las Rafael. Esos resultados se conocieron hace un mes, pero Villanueva tomó las primeras declaraciones testimoniales recién entre el 11 y 17 de abril pasado. 

Las declaraciones fueron de los 15 prefectos que no participaron del operativo represivo, mientras que los 8 prefectos sospechados continúan sin declarar. Según trascendió de fuentes con acceso al expediente, en sus declaraciones, los prefectos mantuvieron una posición corporativa y sus declaraciones redundaron en frases como “no lo recuerdo”, “no le podría precisar”, “yo no vi”, “yo no escuche”.

Por esos días, también declaró el jefe de la Prefectura Bariloche, Leandro Ruata, quien sostuvo la versión del Ministerio de Seguridad y habló de un integrante del Grupo Albatros que le confirmó el supuesto tiroteo, pero ante el pedido de que lo identifique optó dijo no recordarlo. 

En tanto, el juez mantiene detenidos a Fausto Jones Huala y Lautaro González. Los integrantes de la comunidad mapuche tuvieron en las muestras de pólvora una ínfima presencia de plomo, que su abogado defensor Matías Schraer descartó que puedan considerarse indicio de disparos con armas de fuego. El letrado subrayó que "en cuatro mil partículas tomadas en las manos de Fausto apenas una tiene presencia de plomo, en tanto en 3.600 de Lautaro también, pero en su mano izquierda, lo que resulta muy llamativo porque él es diestro".

“No tenían por qué haberlo matado y menos de esa manera, de un tiro por la espalda. Lo único que pido como mamá es que a los responsables los pongan presos”, exigió la madre de Rafael a cinco meses de su asesinato.