Daniel Scioli aseguró hoy que “jamás” benefició a ningún proveedor y desmintió también haber recibido “dádivas”. Lo hizo en el marco de la indagatoria en la causa en la que se lo investiga por supuestas irregularidades en contrataciones que realizó el Ministerio de Salud bonaerense durante su mandato como gobernador.

El ex mandatario bonaerense había sido citado por el fiscal de La Plata Álvaron Garganta. En su paso por los tribunales no respondió preguntas y se limitó a entregar un escrito en el que refutó los hechos que le imputan. En su presentación consignó que durante su gestión las contrataciones “se realizaron en el marco de la normativa vigente, con el aval y la conformidad de todos los organismos de la Constitución y la posterior aprobación por parte del Honorable Tribunal de Cuentas, quienes confirmaron su regularidad".

Además de asegurar que es “totalmente falsa” la relación que le atribuyen con uno de los proveedores, el diputado del Frente para la Victoria señaló que "no es cierto que se haya alterado el procedimiento administrativo del Ministerio de Salud para la provisión de las UPA para beneficiar a un proveedor determinado".

A Scioli lo vinculan con Ricardo Miller, dueño de Miller Building International SA, la empresa que construyó nueve Unidades de Pronta Atención (UPA). También le atribuyen haber realizado viajes en un helicóptero del empresario.

En su presentación judicial, el ex gobernador bonaerense remarcó que “el proveedor accedió a menos del 1 por ciento de las obras públicas, licitadas todas mediante concursos públicos y transparentes, y según la ley aplicable a cada caso”. Además, precisó: “Jamás utilicé el helicóptero de dicho proveedor durante mi período como gobernador, como se me imputa haberlo hecho."

"Nunca he recibido dádivas, ni de ese proveedor ni de ninguna otra persona. La imputación mencionada tiene origen en un contrato de alquiler privado entre una sociedad que yo no presidía (ni cuya administración integraba) con una persona especializada en organización de eventos, y luego con una sociedad; ninguna de ellas proveedoras del gobierno provincial", añadió Scioli, quien aseguró también que "jamás" influyó "indebidamente sobre ningún funcionario para favorecer proveedor alguno".

"Todos los expedientes estuvieron avalados por los organismos de control de la Constitución, y hasta en algunos casos por la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Programa para el Desarrollo", agregó Scioli.