La crisis económico-financiera copó el escenario, dejó poco espacio para otros hechos. De todos modos, resaltaron las declaraciones radiales del jefe de la Policía Bonaerense, Fabián Perroni, quien aseguró que hay “una situación social que hace que una persona que tenga la necesidad de comer, delinca”. Hasta ahí podría pensarse en una afirmación de carácter genérico, atemporal. Perroni, empero, situó el problema en el presente: “hay gente que delinque –que antes no lo hacía– por una necesidad”.La reflexión rebosa sensatez y alude a crecientes dificultades socioeconómicas en el territorio que Perroni “camina”.Sorprende por provenir de una autoridad policial.

En cambio, cualquiera podía vaticinar la reacción de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Desde su domicilio existencial, Washington, tildó de “poco feliz” la observación de Perroni. 

Añadió propuestas sobre legislación penal a las que puso el moño con una información falsa: han participado jóvenes “en todos los últimos casos resonantes” del país, Como autores, se sobreentiende.

La data es, primero, incorroborable. Bullrich propaga disparates sin chequearlos como cuando definió a los Países Bajos como un narco estado. Las estadísticas penales más recientes no reflejan condenas firmes a jóvenes en proporción tan elevada. Sí detenciones, que no prueban culpa.

También “hechos resonantes” con jóvenes como víctimas. Bullrich tendría que estar al tanto, porque los promueve. La “doctrina Chocobar” bandera ideológica del macrismo, incide en el comportamiento de policías de todo el país: los incita a meter bala prometiendo impunidad. 

Endiosar los asesinatos por la espalda, dar por probada a priori su razonabilidad, incuban un clima cultural que conjuga bien con mentalidades autoritarias. 

La crónica semanal acumula muertes de pibes pobres, morochos que varios tribunales han comenzado a atender, procesando a los uniformados por delitos graves.

Hechos resonantes, no cometidos por jóvenes.

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Las revelaciones sobre atroces delitos sexuales cometidos en “el mundo del fútbol” añaden otro ejemplo. Los menores son víctimas, adultos los sospechosos, a menudo con pruebas concluyentes.

En estos días se divulgaron nombres y apellidos de víctimas, multiplicando su condición y su calvario. 

La práctica vulnera derechos de los menores o jóvenes y viola la ley 26.061 –de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA)– que estatuye el derecho a la vida privada y a la intimidad. 

El artículo 22 impone la “prohibición de exponer, difundir o divulgar datos, información o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente, a los sujetos de esta ley (NNA), a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad o la reputación de las niñas, niños o adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar”.

La ley argentina es consecuencia directa de la Convención de Derechos del Niño, que forma parte de la Constitución nacional. 

La difusión de material que contenga nombre, apellidos y otras referencias de las víctimas contraría la ética profesional y la ley vigente. 

Este cronista escuchó conversaciones en las que se justificó la tropelía como un error leve o aduciendo que haber producido primicias sobre la identidad de los presuntos abusadores concedía una especie de franquicia para revictimizar pibes.

La conducta dista de ser novedosa, el vicio es recurrente. No lo excusa y ahonda la necesidad del autocontrol y de la autocrítica, tan ausentes en el periodismo como en otras profesiones.

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Va un epílogo digresivo… apenas. La palabra “inseguridad” ha sido borrada de los títulos, las portadas y las palabras de los medios dominantes y de los funcionarios. Se la reemplaza por “violencia” que no connota problemas generales ni responsabilidad de las autoridades. 

La sustracción es un favorcito para la gobernadora María Eugenia Vidal. Bonaerense, se sabe, como Perroni.

Se asesina alevosamente a un colectivero, arquetipo de laburante, con familia. Se suceden “ajustes de cuentas” entre, parece bandas de narcos. Los delitos, caramba, parecen los mismos que se englobaban años atrás bajo el rótulo de inseguridad…cambió la denominación. Si el nombre es arquetipo de la cosa, golazo del oficialismo. Si “la gente” repara en sus vivencias y no en la neolengua, bruto problema para Heidi.

Por lo pronto, cuando el gobierno encarga sondeos de opinión y pregunta a los entrevistados sobre sus mayores preocupaciones. la inseguridad” (y no la imprecisa “violencia”) está en la lista. Preocupa mucho aunque, chimentan en Palacio, precedida por la inflación y la perspectiva económica. 

Los precios de los alimentos se van para arriba, el pan orbita alto pero la gente común no come vidrio.