El gobierno británico se vio obligado a dar marcha atrás en su uso de la información de pacientes del Servicio Nacional de Salud (SNS) para rastrear infracciones menores de los inmigrantes, concediendo que el estándar para violar la confidencialidad del paciente “debiera ser significativamente mayor”. Después de años de firme presión de médicos, miembros del Parlamento, organizaciones benéficas, el gobierno se comprometió ayer a buscar datos de los pacientes, que son entregados a la Cancillería por SNS Digital a pedido, solamente en caso de delitos graves.
La concesión llega después de semanas de revelaciones sobre el daño causado por la política de “ambiente hostil” de Theresa May hacia los inmigrantes. El gobierno dijo que ahora solo se solicitará información, como nombres, direcciones y edades, de personas que están siendo evaluadas para la deportación en casos que involucran “delitos graves”.
