El juez federal Guido Otranto, el primero que tuvo a su cargo la investigación de la desaparición de Santiago Maldonado, realizó escuchas ilegales de los teléfonos del hermano del tatuador y otro de sus allegados. Las intervenciones concluyeron cuando quedó al frente del expediente el juez Gustavo Lleral, quien hoy ordenó destruir todos los registros de esas grabaciones.

Las escuchas forman parte, como denunció Página/12 del espionaje realizado al entorno de Santiago Maldonado. Fueron pedidas por la fiscal Silvina Ávila. Entre el 5 y 22 de septiembre pasado, el juez Otranto impartió las órdenes para que se realizaran. La tarea quedó en manos de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), dependiente de la Corte Suprema de Justicia.

Además del teléfono de Maldonado, fueron pinchados los de la referente mapuche Claudina Pilquiman; Ariel Garzi, amigo de Santiago Maldonado y  Marcela Anarda Stocovaz, quien estaba en contacto con la comunidad mapuche. 

Las escuchas cuando Lleral reemplazó a Otranto. El juez que hoy ordenó la destrucción de los audios consideró que a las pinchaduras como una en violación del derecho a la intimidad y una vulneración a los derechos de las víctimas en el caso puntual del hermano del joven tatuador. "Obsérvese además en el caso de Sergio Maldonado, se trata nada menos que de la víctima y en los restantes supuestos, se trata de personas que han sido tenidos como testigos", expuso el magistrado, quien señaló también que “solo se permite la intervención de las comunicaciones telefónicas del imputado, por lo que se encuentran excluidas las de todas aquellas personas que no se hallan formalmente imputadas en el proceso".

LLeral advirtió que los argumentos de Otranto para acceder al pedido de Ávila “resultan absolutamente reñidos con los derechos fundamentales y constitucionales" y remarcó que “ninguna de las personas cuyas comunicaciones telefónicas fueron judicialmente intervenidas revestía el carácter de imputada o sospechosa".

Fuentes judiciales atribuyeron la decisión de Otranto a su suposición de que Sergio Maldonado hablaría con testigos mapuches y que las pinchaduras de los teléfonos de las otras personas resultaban necesarias porque podrían no haber dicho todo lo que sabían al declarar como testigos. Como contrapartida, el juez no ordenó la realización de escuchas a los teléfonos de los gendarmes sospechadas en la causa.