El juez Gustavo Villanueva rechazó el desalojo de la comunidad mapuche Winkul Mapu de un predio en Villa Mascardi, que él mismo había ordenado en noviembre, por considerar que la experiencia del año pasado tuvo un “resultado disvalioso”. Lo había pedido Parques Nacionales y fue ejecutado el 23 de noviembre por 400 efectivos de Gendarmería, Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeronáutica, con fuerte equipamiento y movilidad, helicópteros y drones. Dos días después, el Grupo Albatros, que había quedado custodiando el terreno de 90 hectáreas, participó de un procedimiento fuera del lugar contra los mapuches que habían sido desalojados, en el que Nahuel fue baleado por la espalda por el disparo de un arma reglamentaria. El rechazo del desalojo se refiere a la causa civil por usurpación, pero se fundamentó principalmente en la causa penal que originó la muerte de Nahuel, en manos del mismo juez. La abogada Sonia Ivanoff dijo que “el juez tuvo suficiente con la muerte de Rafael, y se le fue de las manos el operativo. Además, no imputa todavía a ningún efectivo del Grupo Albatros, mientras siguen imputados Fausto y Lautaro”, en relación con los jóvenes mapuches detenidos el día de la muerte de Nahuel y liberados el 30 de noviembre.
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