Opinión
Problemas de Fondo

Una de las mayores victorias del neoliberalismo en general y de la teoría económica neoclásica en particular es hacernos creer que lo político está condicionado por lo económico y no al revés. Mejor dicho, es hacernos creer que lo económico es algo distinto de lo político cuando en realidad se trata de la misma cosa. No hay leyes naturales detrás de los acontecimientos económicos sino personas y grupos específicos tomando decisiones y acordando priorizar ciertos intereses sobre otros. Con los acontecimientos de los últimos días, los medios buscan sin cesar economistas que puedan explicar la situación, pero en la práctica ningunx de nosotrxs podemos poner totalmente en términos economicistas todo lo que significa un hecho que es político.

La vuelta al FMI es eso, una decisión política. Ni la necesidad del nuevo vínculo se desprende necesariamente del contexto de corrida cambiaria previa, ni las condicionalidades que vendrán están relacionadas con el objetivo de garantizar el repago del nuevo préstamo. 

El cartalismo económico, una teoría alternativa sobre el dinero, plantea que la moneda es nada más y nada menos que una creación estatal, en donde se expresa una relación de poder para con lxs ciudadanxs; quienes aceptan la moneda como unidad de cuenta y pagan luego tributos en ella. A nivel global aparece la misma relación, cuando el comercio se realiza en la moneda del país dominante que tiene la capacidad de crear y comprometer con obligaciones financieras en su moneda al resto de los países. El cartalismo presenta así a la moneda como una expresión de la dominación política y como un elemento para nada neutral. Desde esta perspectiva, no hace falta crisis cambiaria ni contexto complicado para que el FMI tenga interés en mantenernos endeudadxs.

En ese escenario de intereses, la Argentina aparece con sus propios (aunque conectados) problemas estructurales. La restricción externa, explicada y discutida desde al menos los últimos 70 años por el pensamiento heterodoxo nacional, ha sido el problema para gobiernos de todos los tintes. A quienes la han tratado de transformar desde lo productivo, les ha costado el rechazo del sistema político/diplomático global. A quienes la han querido aceptar y palear desde lo financiero les ha costado la autonomía y, peor y más importante, el hambre del pueblo. 

Sobre las dificultades no saldadas del gobierno kirchnerista, que sería un ejemplo del primer caso mencionado, se montó un modelo macrista que fue por la segunda opción. Quitó las regulaciones que evitaban flujos especulativos y desdibujó la responsabilidad de los exportadores de liquidar sus divisas en el mercado local. Devaluó sin medidas paliativas, sumó deuda externa y quitó las restricciones a la remisión de utilidades. Liberó las importaciones y les dió a los competidores locales un escenario de precios de lo más complejo para competir: tarifas y combustibles altos y un mercado de consumo deprimido.

Aun con el cambio de modelo, la presión del frente cambiario podría haberse trabajado sin acudir al FMI. Tras las movidas previas al acuerdo quedamos ahora con una tasa de interés más alta que podría afectar el desarrollo de la economía real y una nueva devaluación que se trasladará a precios. A esto se suma un salario real ya negociado a la baja y una nueva deuda con el FMI. Todo ello para sostener un “gradualismo” que no queda claro a qué variables se aplicaría.

Falsamente conectado al frente cambiario el gobierno presenta como objetivo del crédito reducir el déficit fiscal. Como ya demostró la OIT en 2015, la Argentina y la mayor parte de los países del mundo tienen espacio fiscal para financiar la ampliación de un Estado de Bienestar. Otra cosa es que decidan o no gravar a quienes conforman ese espacio fiscal para lograrlo. En 2016 al menos 124 países –desarrollados y en vías de desarrollo– han cerrado con déficit las cuentas públicas y nadie ha enfrentado por ello una situación tan grave como los efectos de las políticas que nos recomiendan para reducir tal déficit. 

Además, los posibles ajustes en pos de “reducir desequilibrios” afectarán particularmente a las mujeres y podrían profundizar la situación de desigualdad. Como es sabido, el retiro del Estado de las áreas sociales a través de recortes se suele traducir en un traspaso de esas tareas no cubiertas al espacio del hogar, donde todavía permanece (en el siglo 21) la construcción social de que es la mujer quien debe realizarlas. Asimismo, el discurso de ajuste limita toda la discusión necesaria acerca de la expansión del Estado en áreas que hoy no cubre como es el caso de la provisión de sistemas de cuidado y otras políticas para sacar de los hombros de las mujeres el costo de la reproducción social. 

Pensando en los efectos de largo plazo, “en el fondo” la presencia del FMI y su agenda de recorte cortoplacista nos puede traer incluso más problemas. Es esperable que nos desvíe (otra vez) de repensar las verdaderas estrategias para saltar la restricción externa, que no sólo las tienen que conocer los y las economistas sino todo el pueblo para poder defenderlas. Detrás de los números hay algunas personas que toman las decisiones y otras que no las toman y las sufren pero que, con el tiempo, cuando se organizan, las pueden cambiar.

* Economista UBA. Magister en estudios del desarrollo ISS-EUR.

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