Piden la detención e indagatoria de 26 oficiales y suboficiales que actuaron en la guerra
Las torturas a soldados en Malvinas
La fiscalía federal de Río Grande consideró que los crímenes contra los soldados fueron delitos de lesa humanidad, por lo que no prescriben. Fundó su pedido en los numerosos casos de estaqueamientos y en la política de ocultamiento de los hechos.
El escrito del fiscal se basó en una investigación coordinada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.El escrito del fiscal se basó en una investigación coordinada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.El escrito del fiscal se basó en una investigación coordinada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.El escrito del fiscal se basó en una investigación coordinada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.El escrito del fiscal se basó en una investigación coordinada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
El escrito del fiscal se basó en una investigación coordinada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. 

El fiscal federal Marcelo Rapoport pidió la detención e indagatoria de 26 oficiales y suboficiales por torturas cometidas contra conscriptos durante la Guerra de Malvinas. El magistrado reafirmó que se trata de delitos de lesa humanidad, por ende imprescriptibles, y destacó en sus fundamentos tanto la extensión de la práctica de enterramientos y estaqueamientos de soldados que reaccionaban ante el hambre –derivada a su vez del pésimo planeamiento militar–, como la política de ocultamiento de crímenes por parte de las Fuerzas Armadas, que continuó tras el fin de la dictadura. El escrito del fiscal, producto de una investigación coordinada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, está ahora en manos del juez federal subrogante de Río Grande, Federico Calvete.

A 36 años de los hechos y a once años de la denuncia pionera que presentó el entonces secretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, el de Rapoport es el primer pedido de detenciones formulado por el Ministerio Público Fiscal por delitos de lesa humanidad en Malvinas. La acusación se circunscribe a 22 hechos de torturas ocurridos en la Isla Gran Malvina, específicamente en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú. Allí se desempeñó el Regimiento de Infantería 5, dependiente de la Brigada de Infantería III y que tenía cinco compañías subordinadas.

El imputado de mayor jerarquía es el general Omar Edgardo Parada, jefe de la brigada. Los jefes del regimiento (coronel Juan Ramón Mabragaña y coronel Norberto Fernández) murieron, en tanto sí están vivos e imputados los otros miembros de la plana mayor: el teniente Santiago Cadelago, el capitán Emilio Terán y el mayor Miguel Angel Garde. El resto de los acusados eran jefes de compañías, jefes de secciones y subalternos.

La misma dictadura que “dirigió el plan de persecución y exterminio contra la población” fue la que “decidió, improvisada y precipitadamente, la recuperación de las islas con enormes déficits de capacitación, equipamiento y logística en materia de víveres, abrigo y armamento”, recordó el fiscal. Una consecuencia necesaria fue “el incremento deliberado y exponencial de los riesgos de privaciones y padecimientos de inclemencias propios de toda guerra librada en un territorio tan inhóspito”, razonó. “La aplicación generalizada de tormentos a la tropa resultó entonces la represión ilegal con la que las autoridades militares hicieron frente a los actos desesperados con que los conscriptos –verdaderas víctimas de la hambruna– reaccionaron ante tremendas penurias”, destacó Rapoport.

Además de la “extensiva práctica” de tormentos, el fiscal consideró central para fundamentar el concepto de delitos de lesa humanidad “la política estatal posterior orientada a ocultar esos crímenes”, circunstancias “compatibles con la idea de un ataque generalizado contra los miles de soldados conscriptos trasladados a la guerra”. Esa política para controlar la información incluyó “medidas de acción psicológica sobre soldados” e “inteligencia ilegal sobre combatientes y organizaciones que los nuclearon”, entre otras razones para evitar la presentación de denuncias.

A fines de 1982, el jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, ordenó que ante presuntas “infracciones” en Malvinas las investigaciones no excedieran “el ámbito disciplinario, dentro de pautas de mesura, guardando la adecuada reserva, de modo tal de evitar su conocimiento en el frente externo y preservar la tranquilidad del frente interno”. Para lograrlo era “de particular importancia la selección de las medidas probatorias”, advirtió. La directiva que se replicó a todas las unidades que participaron en la guerra “establecía que las denuncias relevadas en el proceso de vuelta de los soldados quedaran dentro de la institución, que no salieran al ‘exterior’ y que fueran contenidas en el marco de una sanción disciplinaria”, apuntó el fiscal.

Un ejemplo de esas tareas ilegales que se prolongaron en democracia es un informe de 1989 sobre el Centro de ex combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, que acababa de publicar el libro Informe Rattenbach, el drama de Malvinas. La inteligencia militar definió a la organización como “izquierdista”, respaldada por partidos, organizaciones de solidaridad y de derechos humanos, y desmenuzó los antecedentes de todos los miembros del consejo directivo y de cada actividad realizada.

Ernesto Alonso, referente de esa organización, celebró ayer la decisión del fiscal y la consideró “un gran paso en el camino de la memoria, la verdad y la justicia”. Estimó que el pedido de detenciones “marca el camino para que se abra una megacausa por las torturas” en Malvinas. “Esperemos que el juez actué con rapidez y libre rápidamente los pedidos de detención”, dijo. “El fiscal aplica el criterio de la línea de mando y se remite por ahora a un sólo regimiento. Lo que pasa es que hay muchos más casos y hechos denunciados y por eso decimos que puede tratarse de una megacausa”, explicó.

El Cecim participó el 7 de mayo de una reunión con funcionarios del Gobierno en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Santo Domingo, para exigir que el Estado dé una respuesta satisfactoria al pedido de reparación formulado por ex combatientes por los abusos que sufrieron de parte de sus superiores. “Todas las acciones que impulsamos van en el sentido de que se haga justicia con los soldados. Nos presentamos en la CIDH para que esta investigación no se caiga”, explicó el abogado Jerónimo Guerrero Iraola.

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