Carolina Boetti es peluquera y actriz. Tiene 55 años y vive en Rosario. Ayer se convirtió en la primera mujer trans en el país en recibir una pensión como “ex presa política” de la última dictadura militar. El beneficio se lo otorgó el gobierno de la provincia de Santa Fe, al entender que fue víctima de “persecución y privada ilegítimamente de su libertad” durante aquellos años “en razón de su identidad de género”. Las primeras detenciones las sufrió siendo menor de edad, contó a este diario el subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual, Esteban Paulón. A los 22 años eligió el exilio en Europa hasta que regresó en 2009, recordó Boetti a PáginaI12. Otras 21 mujeres trans de la provincia iniciaron los trámites y también reclaman ser incluidas en la ley provincial de reparación histórica a presos políticos N° 13.298, vigente desde 2012. 

“A partir de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual se logró construir un nuevo paradigma que entiende que la expresión de las sexualidades e identidades disidentes constituyó un hecho político que por tanto fue reprimido y perseguido con especial saña y violencia”, señaló Paulón, que también es vicepresidente de la Federación Argentina LGBT.

El anuncio lo hizo el gobernador Miguel Lifschitz, en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. El acto se hizo a la mañana en la sede rosarina de la Casa de Gobierno provincial, donde durante la última dictadura militar funcionó la Jefatura de Policía, a la que eran trasladadas las mujeres trans detenidas. Lifschitz le entregó a Boetti la resolución firmada por el secretario general de Pensiones Sociales, Martín Rodríguez Duch, que le otorga la pensión, que ronda los 15 mil pesos mensuales. Además, podrá gozar de la obra social provincial.

“Las mujeres trans fueron víctimas de persecución y privadas ilegítimamente de su libertad en razón de su identidad, identidad que se exteriorizaba en contra de la vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad del ser argentino, cuya defensa formaba parte de los objetivos que se dieron la FFAA en los llamados Documentos Básicos y Bases Políticas de las FFAA para el Proceso de Reorganización Nacional”, fundamentó la Subsecretaría de Diversidad Sexual el apoyo al reclamo del colectivo de mujeres trans, sobrevivientes de la última dictadura militar en la provincia de Santa Fe. Una sola de ellas estuvo detenida en un centro clandestino de detención, el Pozo de Banfield, indicó Paulón. Las demás, como Boetti, fueron presas en múltiples oportunidades por la policía.

“La ley 13298 establece una pensión para aquellas personas que fueron detenidas durante la última dictadura militar por motivos políticos, gremiales o estudiantiles y hasta ahora no había incorporado a la orientación sexual y/o identidad de género como pretexto para la inclusión en ese beneficio”, destacó Paulón. 

“La inclusión de este colectivo de mujeres en la ley provincial 13298 no solo constituye un beneficio económico sino que es un enorme paso en el reconocimiento por parte del Estado de la violencia que durante décadas ha sufrido el colectivo trans en nuestra comunidad y que hoy transita un camino de reparación de la mano de las políticas públicas que impulsa en este caso el gobierno de Santa Fe en todo el territorio”, agregó el activista y funcionario. 

También contó que durante décadas la Policía de la provincia de Santa Fe tenía una división de “moralidad pública” encargada de llevar adelante esa persecución, y de hacer cumplir los artículos del Código de Faltas que penalizaron hasta 2010 la “prostitución escandalosa”, “ofensa al pudor” y “travestismo”.