Por tercer día consecutivo, un grupo de manteros de Liniers se presentó en la Legislatura porteña para reclamar por las condiciones laborales que habían acordado con el gobierno de Buenos Aires, después del desalojo que dejó a los vendedores ambulantes sin su principal fuente de trabajo. “Nos desalojaron en enero, nos prometieron un reordenamiento para nuestro trabajo, la reinserción laboral y otras cosas que solo fueron globos de colores”, denunció Alfio San Gregorio, vocero de la manifestación.

El 12 de enero de este año, 845 vendedores fueron desalojados de los puestos instalados en las cercanías de la estación del Ferrocarril Sarmiento. Luego del episodio, el gobierno porteño acordó con los manteros la realización de un curso de capacitación de tres meses en la Federación de Comercio e Industria y el cobro de 14.065 pesos mensuales a cambio de dejar el puesto. Sin embargo, según declararon los puesteros, este acuerdo sólo benefició a un grupo de comerciantes callejeros. 

Omar Guaraz, referente de Vendedores Libres, informó a PáginaI12 que de los 845 vendedores, solo 450 –que estaban censados– pudieron acceder al curso: los 395 restantes quedaron fuera del acuerdo. Según explicó Guaraz, “el gobierno solo consideró para el censo a vendedores de las mafias organizadas que aportan coimas a la policía y al Ministerio de Espacio Público”. El referente de Vendedores Libres advirtió, además, que si bien el curso iba a estar destinado a esas 450 personas, el número total de asistentes fue de 710: “El fiscal Luis Cevasco dijo en declaraciones públicas que el número de vendedores que accedería al curso era de 450. Tiempo más adelante, empezó a hablar de un total de 710. A esas personas las metieron, no son vendedores, no tienen nada que ver”, expresó.

El gobierno había propuesto, además de los cursos, otras dos posibles salidas laborales a los afectados. “En primer lugar, ofreció los dos predios que habían destinado a los vendedores de Once, luego de la violenta represión que los sacó de la calle. En segundo lugar, el gobierno informó que había llegado a acuerdos con algunos sindicatos para que empleen a los puesteros desalojados. Sin embargo, ningún vendedor fue empleado por un sindicato”, expresó Guaraz a este diario. Esos dos predios, según informó el referente de Vendedores Libres, nunca fueron económicamente viables: “Como son lugares alejados de los centros comerciales, los puesteros de Once empezaron a alternar entre la calle y el predio. El gobierno impuso un sistema de asistencia tan estricto que muchos vendedores fueron echados. A los pocos que quedaron les anunciaron que les cobrarán un canon. De esa manera, van a terminar vaciando los predios. Es muy perverso ese doble discurso: dicen que ofrecen soluciones, sabiendo que no son viables, porque quieren hacer negocios con las instalaciones cuando ya no queden vendedores.”