El líder del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, vive por estos días otro capítulo de acoso judicial del que es objeto desde que se distanció del presidente Mauricio Macri. Ayer, el gremio fue allanado en el marco de una investigación por presunto pedido de coimas y extorsión a empresarios del transporte. Pero además, la Justicia Federal de Córdoba lo citó a una declaración indagatoria por “lavado de dinero y defraudación” por la compra de terrenos en esa provincia. Para el secretario adjunto del sindicato, Pablo Moyano, “todo esto responde a una maniobra llevada adelante por el presidente Macri contra nuestra organización gremial por no apoyar la reforma laboral y rechazar el acuerdo con el FMI”.

Para el hijo de Moyano las causas contra su padre buscan desviar la atención frente “al fracaso económico del Gobierno con este plan que está endeudando el país”. Mientras tanto, Moyano tiene fecha precisa para la declaración indagatoria y será el próximo 31 de mayo en Córdoba donde existe una causa contra el camionero por la supuesta compra irregular de cinco terrenos en la localidad de La Falda. Por estas adquisiciones lo acusan de “lavado de dinero y defraudación”· Según la denuncia, la adquisición se concretó en 2013 y por un total de seis millones de pesos pero los vendedores los habían comprado unos meses antes por 300 mil pesos. La justicia considera que se está frente a un caso de sobrefacturación que perjudica a la organización gremial de los camioneros.

Cuando la denuncia tomó estado público, el abogado representante de Moyano, Daniel Llermanos, reconoció la existencia de la compra de los terrenos pero la desestimó por carecer de seriedad y la consideró como parte de la persecución judicial contra el camionero. Incluso Llermanos se trasladó hasta Córdoba para presentar documentación contable e institucional que para el abogado se demuestra la inexistencia del delito. A partir de ello, el representante legal del líder sindical solicitó en su momento el archivo de las actuaciones por entender que los documentos presentados demostraban, “conforme los saldos del Banco Provincia”, que no se trataba de una operación realizada con dinero no declarado. En aquel escrito, Llermanos consideró que Moyano enfrentaba “una feroz e ilícita campaña mediática destinada a desprestigiarlo a partir de que confrontó a Macri.

Por otra parte, ayer se concretó un allanamiento a la sede de Camioneros ubicada en el barrio porteño de Constitución y, según trascendió, está en línea con otro procedimiento que se produjo la semana pasada pero en la localidad bonaerense de San Miguel. El operativo fue ordenado por la jueza de garantías de Moreno, Adriana Alicia Julián, en el marco de una causa que investiga supuestas extorsiones sufridas por empresarios. Los denunciantes aseguran que dirigentes del sindicato de San Miguel los amenazaron y le pidieron coimas para que trabajen únicamente con determinadas empresas y que supuestamente estarían en connivencia con esa organización sindical.