Dos veredictos en menos de veinticuatro horas fueron emitidos por la justicia jujeña para la misma acusada, Milagro Sala, que ayer fue condenada a pagar una multa e “inhabilitada para ser electa en organizaciones sociales y políticas por tres años (sic)”, en un banquillo en el que jamás se hubiera sentado si no condujera la más férrea organización social opositora al gobierno de Gerardo Morales. El martes había recibido una condena a tres años de prisión en el marco del juicio por el escrache de 2009 contra el entonces senador Morales, un hecho del que la dirigente no participó. “Esto es parte de un circo, la resolución es absolutamente antidemocráctica y sólo apunta a seguir criminalizando la protesta”, expresó Sala tras la sentencia. “Es un primer intento de proscripción social que recuerda a la Revolución Libertadora, como no podía ser de otra forma de un empleado de Morales, en sintonía con todos los actos represivos llevados adelante por este gobierno provincial contra la clase trabajadora este año”, dijo a PáginaI12 Luis Paz, del equipo de abogados de Sala.
La dirigente social afrontó su segundo juicio por una supuesta contravención iniciada a raíz del acampe en la plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy, durante casi dos meses, por parte de Tupac Amaru a fines de 2015 y principios de este año. Sala estaba acusada de ocupación del espacio público, alteración del orden y obstrucción del tránsito vehicular y peatonal, un delito contravencional que contempla una pena de entre tres y 10 días de arresto, más una sanción económica. Su defensa pidió la nulidad del proceso y la incompetencia del juzgado de Matías Ustarez Carrillo por considerar que “el juez competente no es un juez, es un empleado del Poder Ejecutivo que conduce Morales y esta acusación persecutoria excede la división de poderes constitucional y el debido proceso”. Durante la audiencia todos los planteos de la defensa fueron rechazados.
En la antesala del veredicto, la líder de la Tupac Amaru sostuvo que “todas las decisiones se tomaron en asamblea, no fueron locuras de Milagro Sala”. Y recordó que antes de la protesta pidieron “dos reuniones” a Morales, quien desestimó las solicitudes. Es que el gobernador ya había acusado a Sala de “tener un ejército de coroneles”, en una demostración de su nula voluntad de diálogo.
La protesta de la Tupac Amaru surgió por un conflicto previo derivado de la necesidad de discutir la continuidad laboral de unos 18 mil cooperativistas. Se desarrolló entre el 15 de diciembre y el 2 de febrero sin que hubiera incidentes, pero Morales no se privó de pedir la presencia de la Gendarmería para prevenir hipotéticos saqueos. Sin embargo, los efectivos no llegaron porque perdieron la vida en un accidente.
En su alegato de ayer, Sala dijo que “tuvimos un fuerte rechazo del gobernador y empezaron a dividir a la red de organizaciones sociales, la cabeza de Milagro Sala representaba 300 mil pesos, bueno, acá está mi cabeza y vengo a dar la cara porque no tengo nada que ocultar”. En sintonía con ello acusó a Morales, de “sentar en el banquillo de los acusados” sólo a los dirigentes de la Tupac, cuando la en la protesta participaron otras organizaciones. “No creo en la justicia jujeña, ya que me tiene hace un año detenida injustamente”, lanzó la dirigente. Sus últimas palabras fueron: “Señor juez lo estoy mirando a los ojos y le juro por la salud de mi familia que le digo la verdad, lo que me tiene sentada acá es injusto como lo es criminalizar la protesta, sino nadie se va a poder expresar contra las injusticias que vive ya sea como desocupado, estatal, policía o penitenciario”.
El fiscal Rodolfo Retamozo había alegado que en el caso de la “ocupación” de plaza Belgrano “no está en juego el derecho a la protesta sino la legitimidad del ejercicio del mismo; el acampe de cincuenta días vulneró los derechos de la población jujeña, no tuvo la racionalidad que requiere la ley, obstruyó la plaza principal y calles importantes, la zona del hospital y la Catedral, fue desproporcionado”. Y pidió como insólita pena, además de una multa de 3780 pesos, la inhabilitación de Sala para ser electa en organizaciones sociales y políticas, como así también la propia inhabilitación de la Tupac Amaru.
En la pequeña sala podían oirse los cantos de apoyo de sus compañeros. Poco antes de escuchar su sentencia, Sala dijo: “Cuando salga en libertad voy a seguir luchando por los que menos tienen, estar en la cárcel no me asusta. He llorado de indignación y bronca por la injusticia que estoy sufriendo, y me he bajoneado pero no voy a bajar los brazos. Simplemente queríamos respuesta para los 18 mil compañeros cooperativistas y hoy no tienen trabajo. Gerardo Morales en la campaña había prometido que iba a pagar 8500 pesos a los cooperativistas y no cumplió, arregló con los dirigentes y hoy las bases tienen hambre, han dejado de mandar a sus hijos a la escuela y no tienen ni para zapatillas”.
Tras el veredicto, en diálogo con PáginaI12 la abogada Paula Alvarez Carreras calificó el fallo como un “escándalo y un delirio”, “porque no es potestad de la justicia contravencional solicitar ese tipo de sanción excesiva y desproporcionada; presentamos un recurso de revisión integral porque claramente fue un procedimiento inconstitucional, este juez no tiene la facultad para hacer lo que hizo, se violó el derecho de defensa, no hubo un órgano acusador independiente, y el departamento contravencional depende del Poder Ejecutivo”.
