La sede central del sindicato de Camioneros fue allanada ayer en un operativo ordenado por la jueza de Instrucción Wilma López en busca de pruebas sobre las presuntas extorsiones del gremio a empresarios del transporte. Por segundo día consecutivo, efectivos de la Policía Federal realizaron tres allanamientos en diferentes sedes de Camioneros, en el marco de una causa judicial que investiga presuntos pedidos de coimas tras una denuncia de la empresaria Nancy Pastorino, dueña de Expreso Pontevedra, quien aseguró que el gremio intentó extorsionarla con la exigencia de que pagara 500 mil pesos.
Además de la sede central de Camioneros en el barrio de Constitución, hubo operativos en la Secretaría de Deportes del Club Camioneros –San José al 1700–, y en la sede del barrio Villa Real, en Víctor Hugo al 2500. Por la misma investigación, el jueves se había realizado otro allanamiento en la sede de Constitución ante un exhorto de la jueza de Garantías de Moreno Adriana Alicia Julián.
La jueza López ordenó los operativos con el objetivo de secuestrar documentación contable y realizar backups de los sistemas informáticos. Además solicitó que se registre la identidad de los empleados presentes y se releven las imágenes almacenadas en los sistemas de cámaras de seguridad instaladas en los edificios. El abogado de Hugo Moyano, el ex juez Daniel Llermanos, aseguró que tras el allanamiento a la sede del gremio “se incautaron dos fotocopias de cheques” y calificó al procedimiento como “un chiste”. Llermanos concluyó: “Esto debe tener otra finalidad además de la que puede perseguir la jueza. Detrás de esto está el Poder Ejecutivo, que pretende seguir cargando las tintas sobre un dirigente que defiende los derechos laborales de sus representados. Quieren desprestigiarlo por eso”.
