La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, volvió a hacer la vista gorda frente a denuncias sobre el actual Gobierno. Según aseguró ayer, no hay evidencia de que el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, haya presionado a la Justicia y a la administración de María Eugenia Vidal para favorecer el desembarco de Farmacity en territorio bonaerense. Quintana, fundador de esa cadena y todavía accionista, es sospechado además de seguir controlando la empresa, lo que representa un conflicto de intereses por su función pública, porque podría utilizar su influencia como funcionario para favorecer el negocio.
“Nosotros analizamos todas las situaciones del Gabinete, pasaron todos los ministros, respecto a la situación vigente, Quintana no tiene injerencia en el Poder Judicial, ni asuntos en la Provincia de Buenos Aires”, dijo Alonso en declaraciones radiales. “No hay indicios de que él haya ejercido una influencia indebida sobre un miembro judicial”, insistió la titular de la Oficina Anticorrupción, que en sus dos años y medio de gestión no ha avanzado contra ningún funcionario actual salvo para dar “recomendaciones”. “Mario Quintana no ocultó información, la que no está, no debía darla. Hoy con la ley de ética publica no se obliga a los funcionarios a vender su empresa, por eso en el caso de Juan José Aranguren se recomendó que venda las acciones de Shell, pero no se lo puede obligar”, completó Alonso, sin desmentir completamente la participación de Quintana en Farmacity.
La última intervención relevante de la OA en relación a funcionarios del actual gobierno fue luego del escándalo del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien designó en el SOMU a su empleada Sandra Heredia, a quien además no tenía registrada en la función particular que ejercía para la familia. Laura Alonso le pidió que “en lo sucesivo” se abstenga de repetir esa conducta.
