Uno de los rasgos más llamativos del juicio oral por el caso Ciccone es que el Poder Ejecutivo tiene una doble representación como querellante. Cumplen ese papel la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF). Ambos órganos que responden a la administración de Cambiemos, en este juicio que tiene en el banquillo al ex vicepresidente Amado Boudou, hicieron sus alegatos esta semana. Para el ex funcionario, ayer la UIF llegó a pedir la pena máxima prevista para el cohecho y las negociaciones incompatibles, seis años de prisión, y que vaya a la cárcel. Algo similar para su amigo José María Núñez Carmona, cinco años y ocho meses de cárcel. Pero para Alejandro Vandenbroele, su supuesto testaferro, pidió apenas un año porque consideró que ofreció una colaboración “sustancial” y “eficiente”. Vandenbroele no es “arrepentido” -lo que le permitirá aspirara a una pena menor– en este juicio sino en otro que está aún en etapa de instrucción. De todos modos, su relato no aportó datos sustanciales. La OA, el día anterior también pidió una pena baja para él, un año y seis meses  de prisión, mientras que para el ex vicepresidente pidió cinco y medio.

En el juicio por el llamado “caso Ciccone” se investiga si hubo una maniobra para que Boudou y Núñez Carmona se quedaran con la imprenta para luego conseguir contratos con el Estado para la impresión de billetes.  Según la acusación el ex ministro de  Economía le habría pedido 70 por ciento de las acciones a la familia Ciccone, dueña del a sofisticada imprenta, que estaba quebrada, y que lo hizo en colaboración con Núñez Carmona, y a través de la empresa The Old Fund, que estaba a nombre de Vandenbroele. Este último fue señalado como supuesto testaferro de Boudou desde un comienzo por su ex esposa. Ninguno de los dos reconoce una vinculación entre ellos, que sí tenía con Núñez Carmona.  Boudou ha negado siempre la imputación y sostenido que el levantamiento de la quiebra estuvo vinculado a fondos del banquero Raúl Moneta y el apoyo de otro banquero, Jorge Brito. Vandenbroele en las audiencias del juicio hizo dijo haber sido convocado por Núñez Carmona para distintos negocios, y a través de él era todo lo que sabía de Boudou. Habló de reuniones con Núñez que se conocían en la causa, del supuesto papel de la AFIP que habría otorgado condiciones favorables, también aludió a la participación de Brito, pero no dijo nada revelador. Tampoco en la causa que aún sigue en primera instancia, que está vinculada con la que está en juicio oral.

Pero a los órganos del Poder Ejecutivo, la OA y la UIF, les has resultado útil como para sembrar una advertencia: el que “habla” sobre el kirchnerismo como en este caso, aporta datos, se “arrepiente”, tendrá respaldo del Gobierno y conseguirá salir lo mejor parado posible. La UIF pidió la pena máxima para Boudou, cinco años y medio para Núñez Carmona y para Nicolás Ciccone (a éste por cohecho activo), al  ex jefe de gabinete de al AFIP Rafael Resnik Brenner y a Guido Foriceri, ex asesor de Boudou, tres años.  El organismo pidió la inmediata detención de aquellos que sean condenados a penas de cumplimiento efectivo. “Amado Boudou y José María Núñez Carmona se interesaron de inmediato en el negocio La maniobra era convertirse en proveedores del Estado”, dijo el abogado de la UIF. Para  Vandenbroele pidió solo un año de pena. “Es una obligación mitigar la pena en función de compromisos internacionales”, señaló la UIF. El día anterior la OA había pedido penas también altas para ex vicepresidente y Núñez Carmona, tres años y ocho meses para Ciccone, tres años para Resnik, dos años y cuatro meses para Forcieri y uno y seis meses para Vandenbroele. La lógica es exactamente la misma que la que aplicó la UIF.