Con el argumento de que la política de subsidios es insostenible, el gobierno de Cambiemos decidió desregular las tarifas de los servicios públicos utilizando como referencia precios internacionales que los usuarios no están en condiciones de absorber. El investigador de Flacso, Mariano Barrera, se pregunta: “¿Cuál el beneficio, para la economía argentina, de tener una producción privatizada y desregulada?”. En diálogo con Cash, Barrera discute algunas premisas de sentido común dominantes en la sociedad acerca de la ¿necesidad? de “sincerar” las tarifas.   

El argumento del gobierno de Mauricio Macri es que hay derroche energético y que es necesario sincerar los precios. ¿Cuál es el análisis que hace entre la evolución del nivel de consumo y de producción desde que se privatizó el sector?

–Con el esquema de privatización de la década del 90 se generaron incentivos a partir de los precios, que estaban dolarizados para garantizar la rentabilidad de las empresas. En el caso del gas natural, las tarifas incluían el índice de precios de Estados Unidos para actualizar. Durante esa década, se consolidó una matriz energética centrada en gas natural y petróleo. Paralelamente, cayó la inversión en exploración a partir de 1996 y los pozos empezaron a madurar –se extrajo demasiado y se invirtió poco para reponerlo–. En 1998 empezó a caer la producción de petróleo y en 2004, la de gas natural. 

¿Hubo cambios en este esquema a partir de la década del 2000?

–Con la crisis de 2002, el gobierno de Duhalde pesificó el precio del gas natural e implementó derechos de exportación. La respuesta de las empresas fue invertir aún menos en exploración, con lo que cayó a un tercio la inversión respecto de los años 80 y a la mitad respecto de los 90. Con el crecimiento económico que se inició en 2003 aumentó el consumo de energía, evolución que no fue acompañada con un aumento en la producción local de petróleo y gas natural, sino todo lo contrario. Esa diferencia negativa se cubrió con importaciones. El modelo energético entró en crisis porque se consolidó la dependencia en hidrocarburos sin garantizar las inversiones que le dieran sustentabilidad al sector.

¿Eso abona a la hipótesis del derroche o es un argumento sin sustento?

–No. El nivel de consumo individual de gas natural, que surge de dividir el consumo residencial total por la cantidad de usuarios, no es mayor que en los 90. Lo que ocurre es que se incorporaron nuevos usuarios. Una diferencia entre los 90 y los 2000 es que durante el menemismo no se construyeron gasoductos para abastecer al país, pero sí hubo once gasoductos destinados a la exportación. Durante los gobiernos kirchneristas se construyeron gasoductos internos para incorporar nuevos usuario a la red: entre 2003 y 2015 se incorporaron 2,2 millones de usuarios residenciales, 37 por ciento más. Pero se desatendió la exploración y producción de petróleo y gas hasta que colapsó el sistema energético.

¿Cómo evolucionó la relación exportación-importación hasta que “colapsó” el sistema?

–En 2006, las divisas generadas por el sector energético (se exportaba más de lo que se importaba) eran de 6000 millones de dólares. En 2014, el déficit ya era de 6500 millones de dólares. Si antes había un saldo positivo de 6000 y en 2014, un déficit de 6500, el saldo anual es de pérdida de 12.500 millones de dólares. El principal condicionante de la economía argentina, la restricción externa, proviene en gran parte del sector energético. 

Esto disparó la decisión de expropiar YPF.

–Claro. El Estado decidió volver a invertir en exploración, se aumentaron los precios internos y se implementó el Plan Gas, que suponía pagar más por el gas nuevo. Mientras el precio interno del gas era de 2 dólares el millón de BTU, al gas nuevo se le empezó a pagar 7,5 dólares, a través de transferencias estatales. El gobierno de Mauricio Macri, con el argumento de que la política de subsidios era ineficiente, decidió desregular los precios y poner como referencia el precio de importación. Su objetivo es aumentar paulatinamente el valor del gas hasta llevarlo a 6,5 dólares en 2019 (el precio estimado de importación del gas más caro). En este marco, YPF opera como cualquier empresa privada, no tiene un horizonte estratégico de aumentar la producción y lograr el autoabastecimiento como sí ocurrió entre 2012 y 2015.

¿Cómo hace la economía para afrontar ese horizonte de precios?

–El problema es que antes la economía funcionaba en base a un precio de alrededor de 2 dólares el millón de BTU y pasará a 6,5 dólares en 2019. La economía no soporta ese nivel de aumento tarifario. No pueden pagarlo los hogares que, frente a la pérdida de poder adquisitivo, destinarán alrededor del 20 por ciento del salario a pagar servicios, y tampoco lo pueden afrontar las empresas en un contexto macroeconómico donde la apertura de importaciones les genera más competencia del exterior, cae la demanda interna por la retracción del salario y sus costos suben porque los servicios son más caros.

Durante la década del 90 los precios también estaban desregulados, ¿cuál es la diferencia con la actualidad?

–En los 90 la evolución de los precios generó problemas, pero al tener un tipo de cambio fijo y precios internacionales bajos no se sentía tan fuertemente. Hoy, con un tipo de cambio flexible y precios internacionales mucho más altos, la incidencia de esas tarifas desreguladas y dolarizadas va a ser mucho más significativo. Además, estaban las reservas baratas “heredadas” de las inversiones hechas por la YPF estatal.

Hay una tendencia del gobierno a comparar el precio del gas natural en Argentina respecto al de otros países de la región. 

–La comparación con Chile o Brasil desconoce el siguiente dato. Si bien el gas en Chile es más caro que en Argentina, la incidencia del gas en la matriz primaria de Argentina es del 52 por ciento, mientras que en Chile o en Brasil es del 11 por ciento. En Brasil, además, el 30 por ciento de esa matriz primaria corresponde a generación hidroeléctrica, que es muy barata. En esos países es posible llegar a precios altos de ese combustible porque la incidencia en la matriz primaria es baja. Entonces, si el valor del millón de BTU es 6 dólares pero la incidencia en el consumo total es del 10 por ciento, el peso en ese consumo será de 0,6 dólares; en cambio, si la incidencia es de más del 50 por ciento, como en Argentina, ese costo será de 3 dólares. En definitiva, decir que si otros países soportan tarifas de 6 dólares el millón BTU Argentina también lo puede hacer es desconocer la incidencia del gas en la matriz de consumo argentina.

¿Cómo se afronta semejante caída de la inversión con miras a resolver la restricción externa?

–Con los precios regulados entre 2003-2015, las empresas frenaron las inversiones. La desregulación del mercado en los 90 con precios de referencia internacionales no garantizó la inversión, como tampoco lo logra en la actualidad. En parte porque las empresas obtienen ganancias aquí y las invierten en el exterior dado que los costos de producción locales suelen ser mayores. Concretamente, la producción de petróleo entre 2015 y 2017 cayó 10 por ciento y la producción de gas entre 2016 y 2017 bajó 1 por ciento. Peor aún, las inversiones en exploración de nuevos yacimientos –que es lo único que puede garantizar la sustentabilidad del sector– bajaron un 25 por ciento entre 2015 y 2017. El argumento de que si se desregula y se da incentivos en el mercado se generan mayores inversiones no se comprueba. El punto es cuál es el beneficio, para la economía argentina, de tener una producción privatizada y desregulada. 

En ese sentido, ¿cuál debería ser el rol del Estado en el sector energético?

–El dilema es: con precios regulados las empresas no invierten; si se desregulan y dolarizan, la economía pierde competitividad por el alza de los precios y se vuelve más vulnerable. Tampoco los hogares pueden pagar las tarifas con los salarios argentinos sin que se garanticen inversiones. De allí que algunos planteamos que las producciones estratégicas, como el sector hidrocarburífero o de transporte y distribución de electricidad y de gas natural, tienen que estar en manos del Estado. Mientras tengan una rentabilidad razonable, las empresas estatales invierten aun cuando su rentabilidad no sea equivalente a la internacional. 

Considerando la restricción externa a la que hacía referencia, el gobierno afirma que el kirchnerismo dejó como herencia un patrón energético que genera un déficit “insostenible”.

–Hubo un incremento de subsidios durante el gobierno anterior que llegó al 3 por ciento del Producto Interno Bruto en 2015. Entonces el macrismo dice: “nosotros tenemos que terminar con ese monto de subsidios para garantizar el equilibrio macroeconómico”. Sin embargo, el déficit creció entre 2015 y 2017. La trampa es afirmar que se redujo un poco el déficit primario y no leer los datos del déficit financiero, que incluye los pagos de la deuda. Ése es el dato que importa. En definitiva, el gobierno cambió la composición de la relación ingresos-egresos de la economía, con la consecuente redistribución: mientras quita los subsidios a los hogares que deben pagar más por la energía que consumen reducen impuestos a los bienes personales, que abarca a los sectores más ricos de la población, y a los derechos de exportación a los commodities.