A seis días del debate en la Cámara baja por el proyecto para la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, Amnistía Internacional sentó posición y envió una carta a los legisladores. Allí los exhortó a “reparar una deuda con la democracia” y considerar que “asociar la interrupción legal del embarazo a un crimen, no tiene ningún respaldo en el derecho internacional”, al citar las últimas recomendaciones de organismos internacionales que abogaron por un cambio en materia legislativa en el país que garantice el acceso legal al aborto. 

La organización de derechos humanos destacó que el próximo miércoles los argentinos “seremos espectadores de un evento histórico en nuestra sociedad”, por lo cual pidieron responsabilidad a los diputados que deberán decidir si apoyan el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, luego de que más de 700 oradores expusieran en las más de 15 audiencias sus argumentos a favor o en contra de la iniciativa  . 

“Les queremos decir que quienes acompañen con su voto el aborto legal, lo harán amparados por el derecho internacional de los derechos humanos y la Constitución Nacional. Lo harán en ejercicio del respeto por los derechos humanos de las mujeres y en resguardo del derecho a la igualdad, a la vida, a la integridad física, a la libertad, y a no sufrir torturas ni malos tratos”, manifestaron. 

En la misiva, subrayaron también el impacto que tendrá la discusión en la comunidad internacional, que en varias oportunidades instó al Estado a modificar la legislación actual “por ser contraria a los derechos humanos de las mujeres”. Citaron como ejemplo la recomendación de 2016 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que pidió una aceleración en el proyecto de ley que despenaliza los abortos y aumenta su acceso no sólo en los casos actualmente legislados de violación y de riesgo para la vida o la salud de la madre, sino también en otras circunstancias”. También recordó que en 2016 el Comité de Derechos Humanos exhortó al Estado argentino a revisar su legislación y recuperaron la recomendación que ayer esbozó el Comité de los Derechos del Niño para   garantizar el acceso a servicios de aborto seguro y de atención post-aborto para niñas y adolescentes. 

Amparándose en esos documentos y en otros de la OEA, la CIDH y otras comisiones de la ONU, enfatizaron que “asociar la interrupción legal del embarazo a un crimen no tiene ningún respaldo en el derecho internacional” por lo que “no existe justificación alguna para amenazar con cárcel a quien interrumpa un embarazo no deseado, ni para obligar a una mujer o niña a seguir adelante con dicho embarazo”. 

“Amnistía Internacional considera que los legisladores tienen la oportunidad de reparar una deuda de la democracia, pero también la obligación de honrar los compromisos que el país asumió en materia de derechos humanos y que son parte de nuestra Constitución”, concluyeron.