La Fundación Soberanía Sanitaria presentó un informe titulado “Aborto clandestino: lo que muestran y lo que ocultan las ‘muertes maternas’”, en el que se demuestra que la penalización del aborto provoca muertes evitables y no permite disponer de datos que den cuenta de la magnitud real del aborto inseguro como problema de salud pública. 

En el informe se busca analizar las muertes definidas como maternas para evidenciar la invisibilización de los abortos clandestinos en las Estadísticas Vitales. De ese análisis, dice la fundación, se puede concluir que los abortos inducidos en condiciones inseguras son la primera causa de muerte en personas gestantes en nuestro país.

El aborto inseguro es un problema urgente de salud pública. En los países donde el aborto está penalizado, la persona gestante arriesga su vida y su salud acudiendo a prácticas clandestinas. La consecuencia más dramática de los abortos inseguros es, sin duda, que numerosas personas pagan con su propia vida su intento de terminar un embarazo no deseado, debido a las precarias condiciones en que se llevan a cabo esas intervenciones.

El drama vivido por esas personas y sus familias queda oculto debajo de las estadísticas, en las que las muertes por abortos no están bien registradas.

Pero, además, la penalización del aborto no permite contar con datos que den cuenta de la magnitud real del problema. Existe un subregistro de causas de mortalidad definidas como maternas, es decir, se registra la muerte pero no se identifica si la persona estaba cursando un proceso reproductivo o de interrupción del mismo. La penalización de la práctica genera condiciones que propician su ocultamiento y silenciamiento, impidiendo la identificación en las estadísticas vitales de aquellos abortos que se practicaron en condiciones de clandestinidad.

Cada vez que ocurre una muerte debe ser notificada a los organismos competentes de cada jurisdicción. Esa notificación permite conocer cuáles son las principales causas de muerte en las diferentes edades, para mujeres y varones, y de ese modo planificar políticas públicas que permitan reducir o evitar esas muertes. 

En los últimos diez años, casi 3000 mujeres (otras estadísticas hablan de 3030) han muerto por causas directamente relacionadas con el embarazo, parto y puerperio. El análisis de los datos a los que se pudo acceder permite comprender la dimensión del problema en términos sanitarios y políticos. No solamente porque estas muertes ocurren en personas jóvenes y adultas jóvenes, entre los 15 y los 50 años en su gran mayoría, sino principalmente porque se trata de muertes que podrían haberse evitado. La mortalidad definida como materna constituye un importante problema de salud pública, tanto en lo referente a las causas como a los distintos factores que la influyen: la asistencia sanitaria de la persona gestante, el saneamiento, la nutrición y las condiciones socioeconómicas generales. Es un indicador claro de injusticia social, inequidad de género y pobreza: que un embarazo, aborto o parto desemboque en la muerte de la mujer refleja problemas estructurales, tanto de acceso como de atención a la salud.

En función de la evidencia e información disponible, se deduce que en el contexto actual de penalización y obstaculización del acceso a servicios de salud, que los abortos inducidos en condiciones inseguras son la primera causa de muerte (definida como) materna en nuestro país. Se comprende, entonces, la importancia que la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo tiene en la vida y la salud de miles de mujeres y personas con capacidad de gestar y dimensionar el problema en términos sanitarios. La clandestinidad de la práctica es un problema de salud pública y justicia social. Implementar el aborto legal, seguro y gratuito es una decisión política impostergable.