“Le hice una oferta que no podía rechazar” ironizó El Padrino y quedó famoso. El presidente Mauricio Macri, especializado en hacer ofertas inaceptables, agregó una variante: formuló una propuesta casi inexistente (enmarañada, falaz) a la Confederación General del Trabajo (CGT).  Consiste en la chance de reabrir las paritarias y negociar un potencial refuerzo salarial de hasta 5 por ciento, siempre y cuando las patronales se avengan. Desde luego, no rige para los gremios estatales. 

  La nadería bastó para que la cúpula cegetista demorara por la fijación del paro general, definición que deberá analizar pasado mañana. 

  El pliego de la CGT contenía más exigencias, quedó en veremos.

  La fragmentación de la CGT en varias facciones, la nula legitimidad del triunvirato saliente conjuran para llegar a tan magros resultados. Los sindicalistas le dieron una manito transitoria a Macri, quien ni siquiera asistió al cónclave. Procuraba, de mínima, no afear con el anuncio de la huelga el gozoso anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

  El Gobierno y el FMI polarizan a la sociedad argentina, acrecientan el espacio objetivamente opositor.

  Los gremialistas se cuidan para no aparecer como desestabilizadores. No les alcanza para evitar el desprestigio, los deja atrás en las pretensiones políticas.  

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  Las seccionales del interior son más combativas que la actual conducción y el Consejo Directivo. Otro tanto los integrantes de la Corriente Federal y los Camioneros. El peso institucional de este conjunto heterogéneo quizás sea insuficiente, pero uno barrunta que crece su legitimidad entre las bases y en “la calle”, al calor de la debacle económica.

Desde afuera, las dos CTA apuran la medida de fuerza, limitadas por su menor peso específico y por actuar extramuros. 

 De cualquier modo, las movilizaciones sindicales o sociales comprueban un (mal)humor colectivo creciente que líderes con más espolones sabrían capitalizar. 

 Cuando el Gobierno recorrió más de la mitad de su mandato queda claro que no asoma un líder que congregue en contra del oficialismo, como supieron hacer Saúl Ubaldini frente al alfonsinismo y Hugo Moyano en los ‘90. 

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El Secretario General de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, adoleció de falta de timing al firmar la convención colectiva.  Se conformó con un aumento escalonado del 15 por ciento anual, un bonus por única vez, una improbable cláusula de revisión en el futuro remoto.

  El compromiso de suspender los despidos en el Estado por 60 días es breve de toda brevedad. Conociendo los manejos tácticos del oficialismo, solo un iluso puede esperar que el día 61 haya plática y no cesantías a granel.

 Rodríguez se explicó mediante un comunicado reconociendo la existencia de un ajuste y alegando que seguir pulseando era solo simulacro. Sin embargo, más allá de la pérdida de valor adquisitivo del salario (alrededor de la mitad de la inflación real previsible para 2018) si hubiera seguido discutiendo antes de la oferta de reapertura, tal vez podía haber obtenido algún punto más de aumento para sus representados. Tal vez, ni más ni menos.

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Las leyes de reforma laboral siguen en preembarque. Hace meses señalamos que la reducción de indemnizaciones por despido parece ser un cebo del Gobierno. Extrema posiciones, lo oferta (esto sí) para negociar y “cederla”. 

 La contrapartida clavada es la aprobación sindical de la normativa para formalizar trabajadores. El imaginario objetivo principal de la iniciativa, impracticable desde el vamos, alcanza el rango de utópico hoy en día. El objetivo principal del Gobierno, que seguramente contará con plácemes del Fondo Monetario Internacional, es prohijar un blanqueo inmoral y generoso a favor de empresarios evasores y hasta procesados. Quita y amnistía para las patronales incumplidoras.

 Uno de tantos episodios del “sacrificio compartido” para hacer el ajuste, que parece tomado del cine de Hugo del Carril o de las Coplas del payador perseguido de Atahualpa Yupanqui.