Por sexta vez desde 2003 madura en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de acceso a la información pública. Y si ocurre lo mismo que hasta ahora, la iniciativa volverá a naufragar en el Senado. Ninguno de sus miembros lo dice en público, y desde afuera cuestionan esa indiferencia, que sospechan es adrede. Los intentos legislativos obligarían a los tres poderes del Estado provincial a transparentarse de verdad, en sus acciones de gobierno, nombramientos y gastos, por ejemplo.

En la comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados está por salir esta semana con despacho favorable un proyecto que sería la síntesis de otros presentados sobre el mismo tema. Uno de sus impulsores, el demoprogresista Gabriel Real, confía en que la iniciativa sea aprobada con media sanción en la próxima sesión ordinaria. El asunto difícil es lo que pasará después, en el Senado, que nunca le dio tratamiento a las cinco leyes con media sanción que recibió anteriormente, observó Real.

Santa Fe dispone de una herramienta legal que en lo formal habilita a la ciudadanía a obtener cualquier información referente al Estado provincial, pero solo en lo concerniente a la órbita del Poder Ejecutivo. Lo dispuso por decreto Hermes Binner en 2009. Mientras tanto, los poderes Judicial y Legislativo continúan fuera de alcance. "El decreto tiene un alcance limitado", dijo Real.

El proyecto del legislador del PDP impulsa el libre acceso a la información, de toda persona física y jurídica, a los actos de gobierno de los tres poderes del Estado, sus entes descentralizados y entidades autárquicas, o sea que también abarca a las empresas del Estado como la EPE y Assa.

"Este proyecto viene siendo resistido por los senadores. Pese a que nadie se opone, al menos públicamente, a las políticas de transparencia, la cultura del secreto y el oscurantismo está muy arraigada en ciertos sectores de la administración pública. En los hechos, se ha boicoteado sistemáticamente todas las posibilidades de que la provincia cuente con una ley propia en la materia y en cambio se ha adherido a una ley nacional que lejos está de otorgar las respuestas a todos los planteos de la opinión pública", reprobó el diputado.

Se refirió a la decisión exprés del Senado santafesino en noviembre del año pasado, cuando votó una adhesión a la ley nacional nº 27.275, en lugar de dar tratamiento a los proyectos propios enviados por la Cámara Baja provincial. Esa moción de adhesión fue suscripta por los jefes de bloque Felipe Michlig (UCR), Lisandro Enrico (FPCS) y Armando Traferri (PJ).

En Diputados leen la actitud del Senado como una maniobra para evitar una ley que los alcance y obligue a responder sobre, por ejemplo, los más de 9 millones de pesos de que dispone cada uno para distribuir en sus departamentos durante el ejercicio 2018.

El proyecto que están definiendo en comisión reúne detalles de otras iniciativas paralelas, incluso la que el Ejecutivo envió en 2016. Admite limitaciones al derecho a la información, como en el caso de que los datos requeridos "afecten la intimidad individual o familiar" de las personas en función pública, o cuando tal información, antecedentes o documentos hayan sido declarados como secretos.

El acceso a la data oficial será gratuito, por medio de pedido escrito y con solicitante identificado, pero sin obligación de indicar el motivo de la búsqueda ni fundamentarla, como también en su momento el Senado pretendió. "Vamos por más transparencia en los órganos del Estado. La información es pública o no es nada", cerró el legislador.