El Fondo manejará de acá en más la economía argentina. ¿Para qué hacen falta Macri y su equipo? ¿Será solamente por las razones formales que autorizan a que este gobierno pueda llamarse “democrático”, es decir las elecciones, el Congreso… y no mucho más? A Macri le queda, ante todo, sostener un cierto orden político. En la división global del trabajo, a los gobiernos de los países convertidos en campo de experimentación de la usura internacional, son los gobiernos locales y es la política local la encargada de custodiar ese orden. Y el custodio de ese orden significa controlar a los sujetos individuales y colectivos que son duramente perjudicados en sus condiciones materiales y morales de vida. 

El primer nivel de ese control es la conquista y/o defensa de un consenso político básico: nadie puede desafiar el orden neoliberal. Es decir nadie, políticamente autorizado, tiene que proponerse cambiar al plan del Fondo por ningún plan realmente alternativo. Están permitidos los gritos, las quejas y las broncas contra el Fondo; no así una alternativa antagónica. Eso debe ser conjurado. El consenso no significa que todos apoyen, o ayuden o quieran al gobierno. Puede caber todo lo contrario, mientras lo que se cuestione no sean los sacrosantos valores liberales, la “libertad de mercado” en el obvio primer lugar. Entonces el orden político no es solamente el gobierno, éste es circunstancial, lo que se necesita es un cierto ambiente en el sistema político, en el gobierno y en la oposición en condiciones de reemplazarlo. El ideal, que nunca puede alcanzarse en plenitud,es un orden político que mantenga claramente separados al palacio y a la calle. Hay un activo social que organiza a grupos que plantean demandas sectoriales que nunca se cruzan ni se funden en una iniciativa política. Los docentes no se preocupan cuando están en conflicto los empleados bancarios, ni éstos se solidarizan con activistas sociales reprimidos por la policía. El nexo más sólido entre el palacio y la calle es la encuesta. Unas cuantas preguntas bien hechas nos transmitirá con precisión en qué está “la calle”. Y a partir de ahí los partidos en disputa, el gobernante y los opositores, podrán ajustar su lenguaje a ese murmullo inorgánico y políticamente estéril que nos acercan los sondeos de opinión, los “focus groups” y toda la batería de productos novedosos que aportan los aparatos de psicólogos, sociólogos y muchas profesiones afines que asesoran esta floreciente industria. Después vendrá el momento de la publicidad. Cómo mostrar la “marca partido” para que crezca o por lo menos deje de debilitarse. 

Hasta hace poco parecía que Argentina se había acercado bastante a ese mundo feliz del neoliberalismo. Estamos hablando de la etapa anterior a la noche en que miles de personas se manifestaron en sus barriadas de la Capital y el conurbano, para después confluir una buena parte de ellos en la plaza del Congreso. Eran los tiempos del viaje multipartidario a Davos y de la creación de una extraña mayoría parlamentaria conseguida con el concurso de un importante sector de la oposición. Sin embargo esa descripción de la realidad correspondía más a la opinión publicada que a la opinión pública. Esos eran también tiempos de movilizaciones callejeras y gremiales, de plazas del pueblo, de intensidad política. Claro, la intensidad política siempre es reinterpretada por el marketing en términos de “minorías intensas”, habitualmente desconectadas de la opinión profunda de la sociedad, que es la que nos transmiten las encuestas. La verdad es que es muy frecuente la existencia de minorías desconectadas pero conviene contar con que las puede haber conectadas. Y en caso en la Argentina de aquella etapa esa conexión existía: una parte importante de los sectores que se manifestaban en la calle tenían lazos políticos con la experiencia política anterior al triunfo de Cambiemos. No era cierto que era el kirchnerismo el que estaba detrás de esas acciones, como se interpretaba y hoy nuevamente vuelve a interpretarse en clave conspirativa. Se trataba y se trata de que entre las personas y los sectores sociales enfrentados a Macri y su gobierno, la figura de Cristina es ampliamente predominante. El palacio –o buena parte de él– hicieron la vista gorda ante la extraordinaria presencia popular en las calles. Hasta que las encuestas fueron atravesadas por la calle. 

El macrismo sigue sin poder frenar su retroceso. Y más importante que eso, se ha detectado en las encuestas un plebiscitario rechazo al acuerdo con el FMI. De manera que el retroceso del gobierno no está en cualquier lugar, está en el corazón de la etapa política actual y de la que el país va a vivir durante un período que, en condiciones normales, no será breve. Con lo cual la política tiende hacia altos niveles de tensión. El gobierno no va a llevar al Congreso el acuerdo con el Fondo -como hizo, por ejemplo, Cristina con el memorándum de entendimiento con Irán hoy burdamente instrumentalizado para la persecución política. El Congreso podría pronunciarse sobre la cuestión, lo que permitiría conocer la opinión de cada uno de los diputados y senadores sobre un hecho político muy gravitante y muy sensible para la sociedad. Pero independientemente de esto, hay varios asuntos en el contenido del acuerdo que no pueden pasar sin acuerdos en el Congreso, como el futuro del Fondo de Garantías de Sustentabilidad creado por ley del Congreso promulgada en diciembre de 2008, o cualquier forma de “flexibilización” de las condiciones de trabajo. También el presupuesto debe discutirse en el Congreso, aunque ya sabemos el cumplimiento que de esa norma hace Macri. Seguramente, el palacio va a vivir en una fuerte tensión en los días que vienen. Los ruidos de la calle ya han entrado al recinto y modificando visiblemente algunas conductas. En estos meses nada indica que esos ruidos vayan a moderarse. Porque el orden político no es solamente el que rige entre los actores formales de la política. El orden político significa también un mínimo consenso social con las políticas que se ejecutan. Ese consenso se ha roto en el país. La CGT ha convocado un paro general para el lunes 25 de este mes. Todas las centrales y corrientes sindicales relevantes apoyan la medida y una parte influyente de ellas ha ido ganando las calles aun antes de la resolución cegetista. Ya no alcanzará con el sonsonete de las minorías intensas porque en la calle, cada vez más, está representada una mayoría social. 

No existe en el país el sólido salvocondunto político que todavía funciona en muchos países del mundo. Consiste en que las fuerzas de oposición que pueden llegar al gobierno, más allá del radicalismo con que puedan hablar desde la oposición, están estructuradas como soportes que alternan planteles y modalidades en el gobierno haciendo lo único que se puede hacer, o sea administrar el orden político neoliberal. No existe esa situación en Argentina. Todos reconocemos que la principal fuerza de oposición es el peronismo. La palabra remite a dos cuestiones que no son la misma aunque obviamente están enlazadas, la memoria política presente del peronismo y la representación institucional del peronismo. La memoria política presente se nutre de la mística de los orígenes y a la vez se carga de nuevos contenidos, referencias y prácticas. La representación institucional es lo que es toda institución debe ser, la garantía de la supervivencia de esa memoria como una fuente de legitimidad para su propio funcionamiento. Por eso el Partido Justicialista es y será el centro de las tensiones institucionales que el país vivirá en el próximo período. Es interesante agregar que no estamos hablando ni sola ni principalmente de las tensiones que trae necesariamente un período de definiciones político-electorales más o menos cercanas. No es solamente las candidaturas, las alianzas y divisiones, los reagrupamientos y los cálculos; es algo más existencial y permanente lo que se está jugando, es el lugar político en una Argentina que está entrando en una zona de alto riesgo como comunidad política. Porque todo insinúa que no habrá consenso con la nueva etapa del ajuste. Que habrá conflictos y movilizaciones. El gobierno ha ido elaborando una “doctrina de seguridad” que conlleva un grave cambio en el interior de la etapa democrática que recuperamos en 1983. Hasta la dupla Mauricio Macri-Patricia Bullrich la represión mortal por parte de la policía de la protesta social hacía caer a los gobiernos y sepultaba proyectos políticos personales. Lo saben De la Rúa y Duhalde. Y también Alfonsín que eligió salir anticipadamente del gobierno para evitar la pérdida de vidas. En estos meses se acentuó la violencia policial y de otras fuerzas de seguridad. Hubo muertos como consecuencia de este cambio. Se sobreprotegió a quienes quedaron comprometidos con actos de violencia y represión contra cualquier impugnación política o judicial Ya se insinúa una nueva ofensiva en la creación de un enemigo político interno. Quien lo dude, no tiene más que leer la nota de Eduardo Van der Kooy en Clarín del 12 de junio último. Allí se asegura que el kirchnerismo está detrás de la toma de colegios secundarios por la ley de despenalización del aborto, de las huelgas sindicales, de las protestas en Barcelona contra la realización del partido Argentina-Israel y de todos los hostigamientos que sufren los funcionarios del gobierno. 

Es muy peligroso hablar ese lenguaje. En el país sabemos por una repetida experiencia que eso nunca termina bien. Los mismos que hablan hasta por los codos de la ética del periodismo e impugnan que un periodista tenga opinión y militancia política están alimentando el fuego con nafta. Acaso el agotamiento del romance de una parte de la sociedad con Cambiemos termine arrastrando al sector del periodismo que colaboró activamente para que el país llegara a esta situación.