Las Abuelas de Plaza de Mayo repudiaron la decisión del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín de conceder la excarcelación al represor Eduardo Alfonso, que había sido condenado en 2017 por delitos de lesa humanidad. “El ex número dos del Ejército accedió a este beneficio por cumplir dos tercios de la irrisoria pena que recibió”, explicó la asociación que preside Estela de Carlotto.
En enero de 1977, Alfonso participó del grupo de tareas que irrumpió en la casa de Villa Adelina donde vivían Antonio Domingo García, Beatriz Recchia y su hija de tres años, Juliana Inés García. A García lo mataron en el patio y a su esposa, embarazada, la secuestraron y continúa desaparecida. En cautiverio, dio a luz una niña a quien su hermana encontró en 2009. En 2017, Alfonso recibió una condena mínima de cuatro años de prisión por el allanamiento ilegal y por los secuestros, y fue arbitrariamente absuelto por el asesinato de García.
Tras la sentencia de los jueces Marta Milloc, Diego Barroetaveña y Marcela Mónica Rodríguez, Abuelas recurrió la absolución y la pena. “La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal aún debe resolver este requerimiento, pero el genocida ya fue alcanzado por el beneficio de la excarcelación pese a la gravedad de estos crímenes de lesa humanidad y a que la Cámara podría revocar su absolución. Ante estos nuevos acontecimientos, solicitamos a Casación celeridad en su resolución”, expresaron las Abuelas.
Alfonso gozó de 40 años de impunidad y llegó a desempeñarse como secretario general del Ejército durante la jefatura del general Ricardo Brinzoni, bajo los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. Recién en diciembre de 2008 fue detenido y procesado, pero en agosto del año siguiente la Cámara Federal de San Martín lo liberó gracias a la falta de mérito dictada por los jueces Jorge Eduardo Barral y Hugo Rodolfo Fossati con el argumento de que Alfonso “no conocía la finalidad” del operativo.
En 2012, cuando Casación revirtió esa resolución y la jueza Alicia Vence ordenó detenerlo, se fugó a Paraguay, donde vivió cuatro años con identidad falsa. Desde Abuelas subrayaron que la excarcelación de Alfonso se dio a pesar de la oposición del Ministerio Público Fiscal y de las querellas y consideraron que “con estos antecedentes, resultan insuficientes las medidas que adoptó el tribunal para neutralizar el riesgo de fuga”.
