La pretensión del gobierno de Cambiemos de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, que admitió el martes el ministro Oscar Aguad, provoca rechazo y alerta en dirigentes opositores y en organismos de derechos humanos. La posible derogación del decreto 727/06 de Néstor Kirchner, que precisó que los militares sólo pueden actuar ante un ataque externo de un Estado, “no habilita legalmente a que el Gobierno avance con esa política”, advirtió el diputado Guillermo Carmona, del Frente para la Victoria, quien adelantó que habrá “una fuerte resistencia del Congreso” a cualquier intento de desdibujar la frontera entre Defensa y Seguridad. Paula Litvachky, del CELS, consideró que en el Gobierno “saben que modificar la normativa es complicado porque hay un consenso interpartidario importante para que no se modifique y entonces usan el atajo de extender el concepto de apoyo logístico de las Fuerzas Armadas sobre el sistema de seguridad”.

“Las Fuerzas Armadas están encorsetadas” y si sólo pueden actuar ante un ataque de otro Estado “pierden sentido”, dijo Aguad, en línea con el discurso que antes instaló la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Cambiaron las amenazas”, sugirió, por lo que los posibles enemigos pueden ser “militares o no”, agregó al intentar justificar la intención de “suprimir un par de artículos” del decreto 727, que reglamentó la Ley de Defensa. El radical, que solía compartir palcos de actos oficiales con el genocida Luciano Menéndez y que se apoda “El Milico” desde mucho antes de ser ministro, negó que los militares vayan actuar en tareas de seguridad interior, aunque deslizó que “hay nuevos desafíos muy ligados a la seguridad interior”.

“El anuncio de Aguad marca una clara subordinación a la política de Estados Unidos de propiciar una guerra al narcotráfico y al terrorismo, como una política que no practica pero que promueve que practiquen los países latinoamericanos. Y los resultados en la región han sido desastrosos, con México y Colombia como casos más expresivos, por lo cual todos los especialistas sugieren no incursionar en este tipo de políticas”, destacó Carmona, que es vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja.

“Desde el plano de la seguridad interior está muy claro que el Gobierno plantea el involucramiento de las Fuerzas Armadas con la perspectiva de reprimir la protesta social, en un contexto de conflictividad creciente por la crisis económico-financiera”, agregó el mendocino, quien destacó que “distintas fuerzas del Congreso ya expresaron su oposición”. “Si derogan el decreto 727 igual siguen vigentes las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior, que también impiden el involucramiento de las Fuerzas Armadas en seguridad, es decir que la derogación no habilita legalmente a que el Gobierno avance con esa política”, resaltó Carmona. El diputado advirtió las “fuertes contradicciones” del elenco oficial e interpretó las declaraciones de Aguad como un intento de “instalar la idea y medir las reacciones, por eso es muy importante la respuesta tanto de organizaciones de la sociedad civil como del Congreso”.

Litvachky recordó que ambas leyes “establecen claramente” ese límite y que “la única excepción” que autorizan es como “apoyo logístico” de fuerzas federales o en situaciones de crisis “que no son las que atravesamos”. La directora del área de Justicia y Seguridad del CELS contextualizó la pretensión oficial en “el paradigma de las ‘nuevas amenazas’, que define como máximos riesgos a la guerra contra el terrorismo y el narcotráfico”. “A partir de esta concepción derivan la necesidad de que tanto las fuerzas federales como las armadas se encolumnen en determinados dispositivos”, agregó. “Es ahí donde se pretende darle intervención en lo que llaman ‘el nuevo rol de las Fuerzas Armadas en el siglo XXI’, que tampoco se sabe muy bien qué quiere decir, pero tiene que ver con darles una función en este paradigma”, explicó en diálogo con el programa A los botes, de FutuRock FM.

Los funcionarios de la alianza Cambiemos “saben que modificar la normativa es complicado porque hay un consenso interpartidario importante para que no se modifique, y entonces usan el atajo de extender el concepto de apoyo logístico de las Fuerzas Armadas sobre el sistema de seguridad, que es lo que ya se viene haciendo y se va a hacer cada vez más”, advirtió la especialista del CELS. “Es parte de la confusión que planteó el ministro Aguad cuando dijo que ‘no van a actuar en cuestiones de seguridad interior pero sí en narcotráfico con apoyo logístico, pero en realidad es vigilancia estratégica’”, señaló. “Entre todos esos conceptos mezclados, lo que está diciendo es que sí están pensando en tener algún tipo de intervención, que no significa necesariamente que van a salir los tanques a la calle, pero sí que van a tener una intervención más fuerte en cuestiones de vigilancia, y no sabemos si también en cuestiones de inteligencia interna, que es lo que nos preocupa.”