Recién llegado a la presidencia del Banco Central, Luis Caputo recibió una oportuna buena noticia desde Comodoro Py, ya que el juez federal Luis Rodríguez lo sobreseyó en una causa donde había sido denunciado porque compró dólar futuro en 2015 a través de la firma Axis, y luego, como secretario de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, tomó decisiones para fijar su valor al momento de la cancelación de esos contratos. El fallo también beneficia a su esposa, Ximena Ruiz Hanglin. Según Rodríguez, no se puede hacer un “reproche penal” sobre estas operaciones que constituyen –definió– “una actividad financiera regulada en pesos en la cual se especula contra la cotización futura que tiene un determinado bien”, o sea, el dólar. La resolución es una muestra de la doble vara que ha funcionado en tribunales en este tema, donde los ex funcionarios del gobierno anterior, con Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza, fueron enviados a juicio por activar el mercado de futuros, y bajo el planteo de que se vendía a un precio inferior que el de mercado, pese a que fue una medida de gobierno destinada a contener la inflación, a la que también recurrió semanas atrás Federico Sturzenegger.

“Ni el licenciado Caputo ni su señora esposa han cometido fraude alguno contra la administración pública en los términos de la denuncia formulada por la adquisición y venta de contratos de dólar futuro”, escribió el juez. La cuestión había sido llevada a tribunales por un grupo de diputados encabezados por Rodolfo Tailhade, que pedía que se investigue el patrimonio del funcionario, que hasta los primeros días de diciembre de 2015 había sido presidente de Axis Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A, una administradora de Fondos comunes de Inversión en la que tenía participación. Cuando la firma presentó un informe anual ante la Comisión Nacional de Valores quedó a la vista que tenía 43 millones de contratos de dólar futuro por casi 454 millones de pesos. El planteo de los legisladores es que Axis aumentó su compra de futuros después de las elecciones de octubre de 2015, cuando vislumbraba un triunfo de Mauricio Macri y la consiguiente devaluación, que les permitiría sacar ventaja.

La denuncia tomó como base una publicación del periodista Iván Schargrodsky en El Destape que revelaba lo que había declarado el gerente general de Rofex (mercado que opera futuros), Diego Germán Fernández, en el juzgado de Claudio Bonadio, donde tramitaba la causa contra CFK por el dólar futuro, por la que fue procesada y enviada a juicio junto con, entre otros, el ex ministro Axel Kicillof y el ex titular del BCRA, Alejandro Vanoli. Fernández habló de una reunión en el Ministerio de Economía apenas desembarcado el nuevo gobierno de Cambiemos, donde “se acordó que si Rofex declaraba la emergencia y realizaba una corrección de precios, el mercado podía ser normalizado y obviamente el BCRA iba a honrar sus obligaciones”. Allí estaban el coordinador interministerial Mario Quintana, y Caputo. En otros encuentros previos, relataba la nota, se redondeó el cálculo del valor de los contratos, con una prima de ajuste, teniendo en cuenta la devaluación que se venía. Caputo así habría podido incidir en el crecimiento de su propio patrimonio y participó en la definición de la devaluación.

Su esposa también habría comprado contratos de dólar futuro con ganancias que rondarían los 31 millones de pesos. Pero el juez Rodríguez los desvinculó a ambos al señalar también su capacidad económica. ¿Por qué? Por similares razones  de inexistencia de delito a las planteadas por las defensas en la causa que elevó a juicio Bonadio, que además fue el primer gran escándalo-invento judicial después que dejara la presidencia. Y fue la primera causa donde resultó procesada. Ahora la preparación del juicio oral está a cargo del Tribunal Oral Criminal 1, el mismo que juzga a José López por los bolsos con 9 millones de dólares. El tribunal, entre algunas medidas previas, le ordenó al antecesor de Caputo, Federico Sturzenegger, que confirme si ante la crisis cambiaria se empezó a operar el mercado de futuros otra vez y que entregue las actas de directorio.

Otra arista de la denuncia de planteaba la incompatibilidad de la función de Caputo con la tenencia de acciones en Edenor, Petrobras y Transportadora Gas del Sur, pero el juez Rodríguez concluyó que ni el fiscal (Carlos Stornelli) ni las personas denunciantes aportaron elementos que permitan “sospechar la adopción por parte del nombrado (Caputo) de una decisión funcional que pudiera irrogar en un beneficio específico indebido a él o las firmas”. El funcionario aún es investigado en otra causa por las revelaciones de Paradise Papers que lo muestran como accionista de sociedades off shore para administrar fondos en paraísos fiscales no declaradas al ingresar a la función pública, como Afinis Partners II, dueña de Noctua, y Princess International Group. Como secretario de Finanzas negoció deuda con los fondos buitres y el valor de los bonos del default.