Desde Santa Fe.

Los nombramientos del ex secretario de Ingresos Públicos Sergio Beccari y del abogado radical Lisandro Mariano Villar en el Tribunal de Cuentas podrían tener una derivación judicial. Los legisladores del arco opositor que impugnaron ambas designaciones, sobre todo la de Beccari por la falta de "requisitos legales", analizan ahora pasar de la denuncia política --en la Asamblea Legislativa que fracasó el jueves por falta de quórum‑- a la denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación, según adelantó a Rosario/12 el diputado peronista Leandro Busatto. "Estamos evaluando la posibilidad de presentarnos ante el fiscal en turno. Si esto merece una demanda ante la justicia, la vamos a hacer en resguardo de la calidad institucional de la provincia y de los organismos de control", dijo el legislador.

A juicio de Busatto, lo que el fiscal debería investigar es "la posible comisión de un delito que tipifica el artículo 253 del Código Penal", en el capítulo de "Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público". La norma reprime con "inhabilitación especial" hasta dos años, al "funcionario que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales. En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales".

"Lo que analizamos --siguió Busatto-‑ es presentarnos ante la justicia los legisladores que participamos en la Asamblea. Ya tenemos un escrito medianamente evaluado. Si consideramos que esto merece una presentación judicial, la vamos a hacer en resguardo de la calidad institucional de la provincia", agregó.

Beccari y Villar llegan al Tribunal de Cuentas por dos decisiones políticas. La del gobernador Miguel Lifschitz que los propuso para los cargos, aún cuando fueron observados por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, el Colegio de Abogados de Santa Fe y el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe. Y luego, la del Frente Progresista que vació las Asambleas Legislativas del 14 y el 21, que fracasaron por falta de quórum. A la medianoche del último jueves, operó la aprobación ficta de los pliegos, a pesar de las cuatro impugnaciones --las tres que se presentaron en la Casa Gris y una cuarta que sumó en la Legislatura de cinco diputados del PJ-‑ y el dictamen negativo de la comisión de Acuerdos que los rechazó por mayoría.

En el debate en el recinto, Busatto y sus colegas Silvia Simoncini, Luis Rubeo y Alejandra Vucasovich coincidieron que Beccari tiene una "incompatibilidad legal" para ocupar el cargo porque integró el equipo económico de Lifschitz hasta diciembre de 2017 y Villar carece de "antecedentes" y "experiencia". Según los legisladores, el "obstáculo insalvable" de Beccari es la ley 12.510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado que le impide ser vocal del Tribunal de Cuentas por dos años, hasta 2020 (artículo 195, inciso c). 

Rubeo alertó que la designación ficta de Beccari y Villar tendrá consecuencias. "Es sumamente preocupante". "Es violentar la ley", dijo. "Nosotros no sólo tenemos que sancionar las leyes, sino velar para que se cumplan. Y vamos a tener funcionarios cuestionados desde la legalidad, que van a asumir funciones que la ley no los habilita". Entonces, "cualquier reclamo que se haga y cualquier dictamen que firmen va a estar viciado de nulidad. Van a tener la legalidad que les permite la sanción ficta, pero no la legitimidad de una Asamblea que no los votó y aconsejó por mayoría el rechazo de esos pliegos".

"Me preocupa" el gobierno de Lifschitz, que a un año y medio de finalizar su mandato, provoca "violaciones notables en el funcionamiento de las instituciones de la provincia. Y esto no lo podemos permitir", advirtió Rubeo. "Vamos a llevar adelante otro tipo de instancias para ponerle un freno a esta cuestión".

"Imaginen si mañana al gobernador se le ocurre modificar la Constitución de Santa Fe por decreto porque tiene una necesidad política. Se le ocurre hacer una cosa por el estilo, si total no pasa nada. Y la verdad que pasa. Se violentan las instituciones de Santa Fe. Tenemos la obligación de decirlo" y de "llevar adelante acciones para frenar estas actitudes del gobernador, que gobierna la provincia peligrosamente", concluyó.