Un señor llamado Gustavo Weiss, quien según dice el diario Ámbito Financiero del 17 de junio es el Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), ante la aplicación del plan de ajuste del FMI para "achicar el déficit fiscal" y que según el gobierno de Cambiemos llevaría a recortar la obra pública, manifestó que en lugar del ello se debería apuntar a "sectores muy privilegiados" de la sociedad, como el de los que cobran "pensiones por incapacidad".

En base a un argumento de peso cual es que, si se recorta la obra pública habría menos puestos de trabajo, busca como solución violar los derechos de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, cual es las personas con discapacidad pobres.

El señor Weiss, presidente de un sector que ha vivido históricamente del presupuesto del Estado, conocido como "La Patria Contratista", vinculado eternamente a las coimas y la corrupción, adhiere sin tapujos a la concepción clasista del FMI y del gobierno de Cambiemos y apunta a perjudicar a los que menos tienen y proseguir con el genocidio social llevado adelante por éste.

El señor Weiss, como todo representante del empresariado argentino, en lugar de solicitar se sostengan las pensiones para los sectores más vulnerables reinstalando los impuestos quitados a los sectores exportadores de granos o minerales, o imponiendo tributos a la patria financiera, adhiere ortodoxamente a las postulados del FMI y del propio gobierno, quien ya quitó de facto pensiones y que, pese a la resolución de la Justicia Federal, aún no ha reintegrado.

Los dichos del señor Weiss no sólo son discriminadores hacia las personas con discapacidad con alta vulnerabilidad social, sino que habilitan un discurso filo fascista, que afirma que existen personas que constituyen "una carga para el Estado" y que deberían hacer reflexionar al citado Weiss sobre las consecuencias históricas de tal posición.

La solución encontrada por el señor Weiss, además, es contraria al derecho vigente en nuestro país. De seguir las soluciones propuestas, y que como sabemos son coincidentes con la posición del gobierno en la materia, el Estado Nacional vulneraría adrede los principio rectores de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) que tiene rango constitucional, tales como el respeto a la dignidad, la no discriminación, la igualdad de oportunidades entre otros (artículo 3), actuando en consecuencia contra las "Obligaciones" asumidas al ratificarla. En efecto, el artículo 4° claramente establece que "los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad".

También vulnera otras normas de rango constitucional tales como "garantizar los beneficios de la seguridad social" (artículo 14 bis), el "Principio de Progresividad" (artículo 75 inciso 19 y artículo 26 de la Convención Americana sobre DDHH ), el "Principio de acciones positivas" a favor de grupos vulnerables, como por ejemplo las "personas con discapacidad" (artículo 75 inciso 23) y concordantes.

El supuesto racionalismo económico impuesto por el neoliberalismo, donde primero hay que hacer más rico a los ricos, pera luego "derramar" sobre el resto de la sociedad y para ello hay que tener un estado eficiente que no gaste en prestaciones sociales, no es más que genocidio social planificado, del cual el señor Weiss parece ser un vocero.

 

* Abogado. Director del Centro de Estudios e Investigaciones en derechos humanos "Profesor Juan Carlos Gardella", de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario