“En la Clínica San Camilo, donde las autoridades declararon que van a ser objetores institucionales, hacen abortos clandestinos. Tenemos testimonios de mujeres que no se animan a decirlo públicamente, pero que abortaron allí. En esa clínica que reclama objeción institucional por su ‘ideario’, se realizan abortos por entre 20 y 30 mil pesos”, reveló la diputada Araceli Ferreyra en diálogo con este diario. Por casos como el de ese centro de salud, continuó, es que ella y otras legisladoras que avalan la legalización del aborto advierten que el argumento de la objeción de conciencia institucional “se usa para garantizar la clandestinidad” de la práctica. Este diario consultó a las autoridades de la clínica, pero no obtuvo respuesta.
El reclamo para que se reconozca conciencia a las instituciones, esgrimido esta semana de manera sincrónica por activistas antiderechos en distintas provincias, comenzó a ser agitado sistemáticamente al mismo tiempo en que el proyecto de legalización llegó al recinto de Diputados. Fue ese día, el 13 de junio, que nueve establecimientos vinculados a espacios confesionales –entre los que se encuentra el hospital Iturraspe, donde fue condenada a morir Ana María Acevedo porque nunca le practicaron el aborto no punible al que tenía derecho– rubricaron un comunicado en el que señalaron que quieren “elegir cómo curar y cuidar a los argentinos con la libertad que hemos tenido hasta ahora, y no ser coartados por una ley”.
La exigencia es sostenida públicamente atribuyendo al texto del proyecto de aborto cosas que la iniciativa no estipula (ver aparte). La reacción tomó cuerpo de manera notable en estos días, pero viene siendo impulsada con sordina dentro del Congreso, con el avance subrepticio del proyecto de “Ley de libertad religiosa” –que procura un Estado plurirreligioso, en lugar de uno laico– en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que el año pasado había comenzado a tratarlo y dejó de hacerlo, sorpresivamente, luego de que este diario diera cuenta de una serie de maniobras jugadas de manera antirreglamentaria para que el proyecto avanzara. En esa comisión, en las últimas semanas se aceleró el trámite para firmar dictamen en un proyecto que garantice a instituciones confesionales e individuos “la posibilidad de ejercer objeción de conciencia, salvo que exista un interés estatal imperioso, se afecten significativamente derechos de terceros u otros aspectos del bien común y no exista una alternativa razonable”.
Esa redacción, señalaron diversas fuentes a este diario, permitiría un margen amplio de aplicación, tanto que estaría en cuestión la definición de un Estado democrático y laico. No solamente los espacios confesionales podrían no aplicar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, como ya sucede con casos de aborto no punibles, sino las escuelas privadas confesionales aunque reciban subsidios del Estado podrían no brindar Educación Sexual Integral (como sucede ahora, con plena vigencia de la ley), e inclusive podrían negarse a educar de acuerdo a teorías científicas como la de la evolución para, en cambio, “enseñar” de acuerdo con postulados creacionistas. Y los funcionarios de registros civiles podrían negarse a casar a parejas del mismo sexo, como sucedió cuando recién se implementaba la ley de matrimonio igualitario, y juezas y jueces a convalidar divorcios vinculares.
El proyecto de “ley de libertad religiosa” (expediente 0010-PE-2017) fue enviado a principios de junio del año pasado al Congreso desde el Poder Ejecutivo, con las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña, el ministro de Justicia Germán Garavano y la entonces canciller, Susana Malcorra. Desde entonces tuvo el firme respaldo del Secretario de Culto Santiago de Estrada, que inclusive concurrió a la reunión de comisión al principio del tratamiento. Tras algunas semanas de reunión, luego de la alerta periodística sobre una maniobra al filo del reglamento para lograr su pronto dictamen y su llegada al recinto, el proyecto dejó de tener tratamiento. La actividad retomó este año, al mismo tiempo que en el plenario avanzaba el de legalización del aborto.
En diálogo con PáginaI12, la diputada Ferreyra advirtió que la redacción de la iniciativa pone en peligro la autoridad del Estado democrático. Para los cultos y sus espacios “se crea como un status propio por encima o por fuera de la ley directamente”, explicó. Para la diputada, quienes buscan la aprobación de ese proyecto “parten del error de concepto de que la libertad religiosa es lo genérico y la libertad de conciencia lo que se deriva de ella. En realidad, lo que tiene consagración es la libertad de conciencia y la libertad religiosa es una de sus formas. La libertad de expresión es también una forma de manifestarse, por ejemplo”. Entendida de la manera en que está siendo impulsada por Estrada y los jerarcas de distintos cultos, la ley “viola todo el derecho vigente, y hasta puede servir para despedir a trabajadores de establecimientos confesionales sin pagar indemnizaciones”.
En las reuniones de la comisión, la confusión llegó a tal punto que el asesor de un diputado pretendió echar a una diputada con el argumento de que los ateos no tenían por qué participar del debate. En otra, cuando las diputadas Ferreyra y Karina Banfi referían que libertades como la de expresión no pueden tener regulaciones porque eso implicaría limitarlas, defensores del proyecto de “libertad religiosa” sostuvieron que las religiones no tenían por qué cumplir con las leyes del Estado. “Primero se armó la discusión porque estábamos discutiendo sobre la aplicación de la ley de Educación Sexual Integral (ESI). Dijeron que los padres y las instituciones son dueños de la educación de los chicos, pero les dije que no es así, que hay que cumplir con los contenidos indicados por el Estado. Tomo el caso de la ley de ESI, que no se cumple, y les cuento que mi hija, que el año pasado terminó la secundaria en un colegio que no es católico, tuvo una docente que se sintió con derecho a ejercer objeción de conciencia y no dar los contenidos de ESI. En realidad, les dijo a los chicos que tenían que llegar vírgenes al matrimonio y le habló de Adán y Eva. Comento eso en la reunión y ahí empezaron a mostrar las cartas. Algunos diputados, como (Alfredo) Olmedo, me decían que eso estaba bien. Otro me dijo, directamente, que cómo los institutos confesionales van a cumplir las leyes con las que no están de acuerdo”.
“Lo que buscan es avanzar con esta ley, que va mucho más allá del tema de aborto, porque busca crear un estatus especial, inclusive con una categoría de delitos particular, porque buscan que lo que se diga en secreto de confesión ni siquiera pueda ser revelado con orden de un juez. Es decir, vos sos sacerdote, le contás a otro sacerdote un delito y con eso garantizás la impunidad”, advirtió la diputada.
–¿Por qué las instituciones confesionales deberían someterse a las leyes del Estado argentino?
–Nosotros somos un Estado laico. Es decir, que no se pueden sacar leyes que impongan valores religiosos de ninguna manera. Tampoco se pueden crear fueros especiales que por la religión te dejen fuera del imperio de la ley civil. En el caso concreto de la aplicación de la ESI, por ejemplo, no es un problema de valores en los que padres quieran educar a hijos, sino que hijos dejan de ser propiedad de los padres, desde que se cambia el concepto de patria potestad. Los chicos son sujetos de derecho, no objetos de disposición. Hay que garantizar eso. Si las leyes del Estado no tuvieran preeminencia, la ley de educación pública y laica no se hubiera cumplido, tampoco el divorcio vincular. Intentan derogar un Estado laico, imponer un poder clerical que esté por encima de los padres del Estado democrático. Es insurreccionarse al Estado de derecho.
