Vía Bariloche también formó parte de un escándalo por la entrega sin licitación y sin estudio de impacto ambiental de la concesión del Cerro Catedral en Río Negro, una maniobra que benefició al empresario Nicolás Caputo, quien podría lograr que los servicios básicos lleguen a su cerro San Martín para realizar un negocio urbanístico que le vienen prohibiendo desde 2013. La maniobra, que fue informada por PáginaI12, implicaría extenderle a Vía Bariloche la concesión del Cerro Catedral por casi 40 años. 

Los opositores locales denunciaron la presión del gobierno nacional y los vínculos de la empresa con el presidente Mauricio Macri. Vía Bariloche también se vio envuelta en una pelea por un contrato de 35 millones de dólares del Ministerio de Ambiente, que conduce Sergio Bergman, por una licitación para adquirir buses eléctricos. También consiguió que el Ministerio de Transporte le adjudicara las rutas nacionales de Río Negro.

El concejal barilochense del Frente para la Victoria Daniel Natapof informó a este diario el 30 de abril último que “en noviembre de 2017, el intendente de Bariloche firmó secretamente un acta acuerdo con Capsa para prorrogar la concesión del Cerro Catedral por 38 años, evadiendo el proceso licitatorio”. Agregó que “el Concejo Municipal tuvo dos meses para el tratamiento de un proyecto complejo viciado desde su inicio: entrega de 70 hectáreas para un gran negocio inmobiliario, avasallando legislación ambiental; en abierta contradicción con nuestra Carta Orgánica Municipal, que establece el carácter inalienable de estas tierras y además, constituye un negocio ruinoso para el erario público”.

Según Natapof se trata de “un proceso de entrega del patrimonio de Bariloche, orquestado por un privado, Capsa (familia Trappa), un presidente (Mauricio Macri), un gobernador (Alberto Weretilneck) y un intendente (Gustavo Gennuso)”. Todo se produjo después de una votación que reunió a los concejales de Juntos Somos Bariloche y a los del PRO y dejó en minoría los tres legisladores locales del FpV. 

El contrato de concesión hasta 2056 quedó frenado por una medida cautelar de la Justicia que dio lugar a un planteo de legisladores opositores de los niveles municipal y provincial. Después la Cámara de Apelaciones concedió la apelación interpuesta por el municipio y el caso será analizado por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

En un fallo dividido la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería decidió resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por el municipio a la medida cautelar que prohíbe firmar el contrato con la empresa Catedral Alta Patagonia y a la vez concedió la “apelación subsidiaria en relación y efecto devolutivo”.

Frente a la presentación judicial del legislador provincial del FpV Alejandro Ramos Mejía y su argumento en favor del interés colectivo, y ante el rechazo del intendente, dijo el fallo: “Si exageramos la tesis que enarbola el Municipio, sólo la Municipalidad y el actual concesionario se encontrarían procesalmente habilitados para promover un reclamo de la naturaleza del que nos ocupa, lo que parecería, por cierto, un círculo sumamente estrecho”.

Los jueces Edgardo Camperi y Emilio Riat entendieron que “las razones esgrimidas son insuficientes para modificar la resolución atacada, en especial la medida precautoria consistente en prohibir toda innovación sobre la concesión pública relativa al Centro de Deportes Invernales del Cerro Catedral”.