Los vecinos de la Villa 31 y 31 bis siguen exigiendo que el gobierno porteño les de voz y participación real en la nueva ley de urbanización que el oficialismo busca sancionar este mes en la Legislatura. La Mesa de Urbanización Participativa, compuesta por vecinas, vecinos y organizaciones sociales, viene llevando adelante asambleas, manifestaciones y cortes de calles para visibilizar el reclamo. Mañana a las 19, en el espacio comunitario Bichito de Luz, realizará un abrazo solidario al barrio para que se cumpla la ley 3.343, aprobada en 2009, que garantiza la intervención de los vecinos en el proceso de reestructuración barrial. Héctor Guanco, integrante de la Mesa, explicó a este diario que “seguimos movilizados porque no nos escuchan”, aunque aclaró que “por las protestas, extraoficialmente, el Gobierno dijo que iba a postergar la presentación del dictamen que iba a hacer el 10 de julio”.
Los vecinos organizados en la Mesa de Participación reclaman desde hace años que la Secretaría de Integración Social y Urbana (Secisyu), organismo creado para la urbanización de la Villa 31 de Retiro, que se encuentra en la misma Villa 31, que depende de la jefatura de Gabinete porteña, tenga en cuenta las propuestas de quienes habitan la barriada, cuya opinión, de acuerdo a la ley actual, es vinculante para la toma de decisiones en el proceso de reurbanización.
“Seguimos con medidas de fuerza porque no escuchan”, dijo Guanco, quien pasó a detallar los últimos días del conflicto que, si bien se arrastra desde hace tiempo, se agudizó en las últimas semanas ante el apuro del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de votar en la Legislatura una nueva ley que reemplace a la 3.343.
Según contó, los vecinos se juntaron ayer a la mañana en el portal de la Secisyu y bloquearon el ingreso de los trabajadores a la sede porteña. Y hoy a las 7, volverán a tomar la misma medida porque “no hay ninguna respuesta oficial a nuestros reclamos”, explicó Guanco.
Recordó que el jueves pasado, después del mediodía y hasta bien entrada la noche, mientras mantenían una asamblea, bloquearon la salida de los micros de la Terminal de Retiro para reclamar la participación efectiva en la elaboración del nuevo dictamen. Y un día después, se movilizaron hasta Venezuela 151 donde los Consejeros barriales mantuvieron una reunión con el Gobierno.
“Ya habíamos acordado el día anterior con los Consejeros, que si insistían con la fecha de presentación se levantaba la reunión. Y eso fue lo que pasó. De los ocho Consejeros, cinco bajaron en seguida de que se inició el encuentro”, explicó Guanco. Además, contó que dos días después, el domingo, “el gobierno vino al barrio y puso un stand para que la gente opine sobre qué nombre se van a poner a las calles. Y los vecinos los terminaron echando, porque para esas cuestiones menores sí dan participación, pero para lo que en verdad importa se hacen los sordos”, advirtió.
Entre las cuestiones significativas para los vecinos, y que no fueron evaluadas con ellos, están: la discusión por el cobro de la tierra, el costo y la forma de pago de las viviendas, la escrituración, el derecho a construir en altura, qué pasa con aquellos que tienen pequeños comercios, los accesos para los transportes, o el trazado de las calles, entre otros puntos.
Según explicó Guanco, la única respuesta que hay “es una campaña del gobierno contra los vecinos organizados. Están diciendo que hay una utilización política del tema y que las organizaciones usan a los vecinos para frenar las obras en el barrio. Ese mensaje esta recorriendo todo el barrio”, remarcó, y señaló que “queremos que den la cara y armen un cronograma de participación de los vecinos para que puedan opinar y conocer las condiciones del nuevo dictamen que se va a elaborar porque hay mucho desconocimiento todavía entre los vecinos”.
“El abrazo simbólico de mañana, además de sostener el reclamo, es para difundir el tema, y que hasta en el último pasillo del barrio se sepa que se está haciendo una nueva ley, porque el gobierno hizo siempre lo mínimo para comunicar”, agregó.
De acuerdo a lo que trascendió, si bien el gobierno está dispuesto a postergar la presentación del proyecto, no lo haría mucho más allá de la fecha prevista, porque la estrategia oficial es que los vecinos se arreglen directamente con la Legislatura.
