Pese a su nombre, el partido Ley y Justicia de Polonia tiene serios problemas con la ley y también con la Justicia. Después de años de acusar a los jueces polacos de ser todavía comunistas o cómplices del régimen comunista, desaparecido hace casi treinta años, el gobierno derechista acaba de sancionar una ley que obliga a los jueces, supremos y federales, a retirarse a los 65 años. La única manera de continuar en funciones pasada esa edad es apelar al presidente en persona por una extensión, una increíble intrusión del poder ejecutivo en la autonomía del judicial. Mientras la Unión Europea está estudiando suspender a Polonia hasta que revierta la medida, decenas de miles de personas protestaron en las principales ciudades del país. Pocos días antes, el gobierno había tomado otra medida judicial para acallar las críticas europeas, norteamericana e israelíes. En una sesión expresS del Senado y la Cámara en Varsovia, se modificó la ley negacionista que punía con hasta cinco años de prisión a quien acusara “al estado o al pueblo polacos” de haber participado en el Holocausto durante la ocupación nazi. Esa ley FUE usada una sola vez, contra el diario argentino PáginaI12.

Ley y Justicia gobierna Polonia desde hace casi tres años, con la suficiente mayoría legislativa como para tratar de introducir cambios profundos en la estructura legal del país. El partido de derecha explícitamente busca reformar el sistema para hacerlo más presidencialista y menos garantista, creando delitos que posibiliten censurar publicaciones y detener a opositores. Es por esto que la Unión Europea ya inició un procedimiento bajo el Artículo 7 del Tratado de Unión para suspender el derecho a voto de Polonia en la Comisión Europea, la primera vez que se usa este mecanismo disciplinario específicamente creado para expulsar gobiernos autoritarios.

En este difícil contexto se puede entender que el gobierno de Varsovia haya llevado al parlamento dos iniciativas casi opuestas en cosa de días. La primera fue la reforma de la ley que transformaba en un delito punible con prisión y multas la afirmación de que algún polaco hubiera participado de cualquier manera en el exterminio de judíos durante la segunda guerra mundial. La ley fue parte de la plataforma electoral de Ley y Justicia, que enfatizó la “calumnia” de hablar de campos de concentración polacos en lugar de campos nazis en Polonia, en referencia a Auschwitz o Treblinka. Pero la ley automáticamente hacía punible cualquier estudio sobre la participación de polacos cristianos en el exterminio de sus compatriotas judíos, como informantes, policías o simples delatores. Para peor, la intención de la ley era poder iniciar acciones criminales contra instituciones, medios o estudiosos del mundo entero.

El único caso efectivamente iniciado fue contra PáginaI12 por una columna de Federico Pavlovsky publicada en diciembre de 2017 recordando la masacre de Jewadne durante la guerra, en la que la mitad cristiana del pueblo mató a mano a la mitad judía, sin participación del puñado de tropas alemanas presente. El caso es bien conocido y fue cuidadosamente esudiado sobre la base de informes alemanes, testimonios de sobrevivientes e interrogatorios a perpetradores. Un grupo llamado Liga Polaca contra la Difamación –un evidente juego de palabras con la Anti Defamation League, la institución judía norteamericana antirracista– presentó cargos contra Pavolvsky y PáginaI12 en febrero, a horas de que la ley fuera sancionada. La prensa polaca calificó la demanda como un globo de ensayo del alcance de la nueva legislación.

La reforma que se acaba de aprobar en tiempo record no elimina el delito pero sí la línea en el texto que amenaza con prisión de hasta cinco años a quien estudie el antisemitismo polaco bajo la ocupación nazi. La modificación no abarcó el más difuso castigo de las multas, todavía no reglamentadas ni mensuradas y una potencial herramienta para punir a estudiosos extranjeros que visiten Polonia o a historiadores locales. El cambio en la ley fue asombrosamente rápido, ya que en el mismo día fue votado sin debate en ambas cámaras parlamentarias y firmado por el presidente. En parte, la explicación de tanto apuro es la dureza de las críticas del gobierno de Estados Unidos, que ni la presidencia de Donald Trump moderó en volumen y frecuencia, y el virtual enfrentamiento con Israel, que tomó muy mal la iniciativa. Polonia e Israel llevan años construyendo una relación que incluya un debate más abierto sobre las acciones de polacos durante la segunda guerra mundial, tema más que espinoso para las partes. La ley fue interpretada por los israelíes como negacionista y dirigida especialmente a los estudiosos del Holocausto.

La Unión Europea también criticó con toda dureza la ley, subrayando en particular que creaba un castigo penal para lo que en todo caso sería un delito de opinión, en abierta contradicción con el marco legal y de derechos del continente. El cambio en la ley fue visto como un buen primer paso, impresión arruinada por completo este miércoles, cuando el Parlamento aprobó y el presidente sancionó el nuevo régimen para los jueces. Tradicionalmente, Polonia tiene un sistema similar al norteamericano en el sentido de que los nombramientos superiores en la Justicia son vitalicios. El tema de poner un tope de edad para el equivalente a jueces federales y miembros de la corte suprema local es un debate de años, pero la ley aprobada este miércoles no engañó a nadie. Estén de acuerdo o se opongan, los polacos entienden que es la herramienta de Ley y Justicia para purgar a los jueces que considera opositores o independientes. De hecho, el nuevo régimen le permite al gobierno jubilar de prepo al cuarenta por ciento de los jueces y controlar el órgano que aprueba el nombramiento de magistrados. La ley también crea una instancia de “apelación extraordinaria” dentro de la Corte Suprema con mandato para reabrir casos ya cerrados hasta veinte años atrás, si lo pide el Fiscal General.

La reacción fue inmediata, con manifestaciones de protesta en sesenta pueblos y ciudades del país. La presidente de la Corte Suprema Malgorzata Gersdorf, de 65 años, simplemente se presentó a trabajar el jueves, como si no la hubiera jubilado por decreto. En un paso de comedia negra, el reemplazante nombrado por el gobierno es el juez  Jozef Iwulski, que ya cumplió 66 años. La estrategia de Gersdorf y otros jueces compulsivamente retirados es considerar la medida inconstitucional, apelar judicialmente y si es necesario apelar ante la Corte Europea de Justicia. Lech Walesa, el líder de Solidaridad que fue el primer presidente de la Polonia postcomunista, anunció una campaña de desobediencia civil si se jubila a los jueces. 

El gobierno respondió a la críticas con el repetido argumento de la necesidad de “limpiar” el poder judicial de comunistas, pero varios jueces contaron que la verdadera respuesta fue una serie de graves amenazas. Waldemar Zurek, que fue vocero del Consejo Judicial Nacional, denunció amenazas a su familia, anónimos insultantes y una sospechosa filtración de su declaración impositiva. Zurek fue despedido de su puesto de vocero, amenazado con sanciones y visitado en su despacho y en su casa por agentes de seguridad estatal.