La Justicia desestimó un recurso presentado por el juez durante la dictadura Ricardo Lona y habilitó el inicio del juicio oral y público en su contra. Lona está acusado de haber cometido irregularidades en la investigación del secuestro y desaparición del ex gobernador de Salta Miguel Ragone, el asesinato del testigo del hecho, Santiago Catalino Arredes, y las lesiones sufridas por Margarita Martínez de Leal, otra de las testigos atacadas a balazos por una patota militar el 11 de marzo de 1976.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación, con impulso del voto conjunto de los jueces Alejandro Slokar y Mariano Borinsky, declaró inadmisible el recurso de queja de la defensa de Lona encabezado el ex camarista del juicio a las juntas militares y dirigente radical Ricardo Gil Lavedra, contra la aceptación de las pruebas ofrecidas por el ministerio Público Fiscal y las querellas. En febrero de 2017 el juez federal de Tucumán subrogante en Salta, Fernando Poviña, ya había aceptado la acusación y elevado juicio oral y público la causa.

Ragone, el único caso de un ex gobernador desaparecido en la dictadura, fue interceptado la mañana del 11 de marzo de 1976 en su Peugeot 504 en la ciudad de Salta. La patota que lo emboscó se subió al auto y lo desmayó para tirarlo en la parte de atrás. Mientras, la empleada de comercio Margarita Martínez y Santiago Arredes, propietario de un almacén, sorprendidos por el operativo, salieron a la calle para ver qué ocurría. Arredes se acercó para defender a Ragone sin saber quién era, pero encontró disparos como respuesta. Uno de ellos dio en el pecho del almacenero, que murió y Martínez fue herida con una ráfaga de ametralladora.

En la primera instancia en la que los fiscales solicitaron el juicio destacaron que Lona clausuró la investigación apenas recibió el informe policial omitiendo pruebas relevantes como citar a Martínez, la testigo baleada, a declarar.

Para la fiscalía, “cuanto menos el imputado se adaptó, toleró o prestó su asentimiento al plan criminal, conociendo que su comportamiento omisivo dejaba impune un magnicidio y los delitos conexos”. Así, Lona se colocó “como un engranaje de la maquinaria estatal que posibilitó la concreción de las múltiples infracciones penales que involucraron este tipo de ataques masivos a la población civil”.