No más ceguera
ACTIVISMOS | En el último Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco empezaron a realizarse audiencias a cielo abierto donde se presentaron más de 60 casos en los que la Justicia actuó de modo patriarcal y misógino. En un momento en el que asistimos a una celeridad inusitada y una exposición desmedida de la joven Nahir Galarza, rápidamente condenada a prisión perpetua mientras otros procesos de larga data contra mujeres, lesbianas, trans y travestis siguen impunes o sumidos en la burocracia legal, es fundamental recalcar la trascendencia de estas audiencias convocadas por las feministas del Abya Yala. A modo de denuncia y de acompañamiento, la construcción de un feminismo transversal, comunitario y popular se fortaleció a lo largo de 14 jornadas de compartir el dolor y comprender que la salida es colectiva.

Entre los días 28 y 30 de junio de 2018, se realizaron las últimas audiencias del primer ciclo del Tribunal Ético Popular Feminista que juzgó a la justicia patriarcal en distintos territorios del Abya Yala. En la Sentencia –elaborada colectivamente y leída por Liliana Daunes–, se declaró a la justicia: “Culpable de ser parte de un sistema patriarcal, colonial, racista, capitalista y neoliberal, que por más de 500 años ha intentado someternos a sus ilógicas, a sus tiempos, a sus espacios, buscando una humillación sistemática por defender ancestralmente la vida digna, por luchar por nuestra autonomía y autodeterminación, frente al avasallamiento de nuestros territorios y de nuestros cuerpos. La Justicia ha generado una impunidad histórica de las opresiones que nos hace el sistema. Por eso condenamos hoy su complicidad y negamos su ejercicio sobre nuestros cuerpos. Culpable por ser ignorante de nuestras diversas cosmovisiones, por juzgar desde un analfabetismo político cosmogónico nuestras formas de vida, lucha y organización, por no informarse ni formarse, por no respetar ni siquiera sus propias leyes que reconocen la preexistencia de los pueblos originarios, y los llamados “derechos” nacionales e internacionales que los reconocen como pueblos. Responsable de no hacer ni siquiera el trabajo por el cual desde nuestros pueblos se les paga. Culpable por complicidad recurrente con empresas transnacionales que han saqueado históricamente nuestros territorios, donde estos jueces y fiscales les brindan total impunidad, defendiendo los intereses de las empresas en contra de los derechos de los pueblos. Culpable por ser parte del terrorismo y racismo de Estado que criminaliza, judicializa, encarcela, mata y sigue intentando exterminarnos. No existe independencia judicial. Existe complicidad estructural. Culpable de haber hecho de la justicia una mercancía que puede ser comprada y vendida por quienes tienen dinero y poder”.

La sentencia recapitula el proceso iniciado en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia, Chaco, durante el 32º Encuentro Nacional de Mujeres. En total fueron 14 audiencias, en las que se presentaron 60 casos en los que la justicia patriarcal actuó legitimando violencias y crímenes cometidos por el poder machista, racista, y capitalista. Fueron parte del Tribunal activistas de derechos humanos, por los derechos de las mujeres, y dirigentes sociales, como Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo (LF); Mirta Baravalle, Madre de Plaza de Mayo (LF); María Laura Bretal (Las Azucenas); Liliana Daunes, Marta Dillon y Sonia Tessa (periodistas feministas), Nina Brugo y Mabel Gabarra (abogadas feministas), Graciela Zaldúa (psicóloga feminista), Celina Rodríguez (Feministas del Abya Yala), Miriam Miranda (coordinadora de Ofraneh - Organización Fraternal Negra de Honduras), Cristina Castro (educadora de la Escuela Fals Borda, Colombia), Nalu Faría (coordinadora de la Marcha Mundial de Mujeres-Brasil), Melike Yasar (Movimiento de Mujeres de Kurdistán), Marielle Palau (investigadora de Base-Is - Paraguay).

La mayoría de las audiencias se hicieron en las plazas principales de diferentes ciudades (Resistencia, Rosario, Asunción, Montevideo, Lago Puelo, Guernica, Estación Darío y Maxi en Avellaneda, Buenos Aires). El carácter itinerante, autónomo y “a cielo abierto”, dio a las sesiones del tribunal una mística propia. Quienes nunca pudieron acceder a los grandes edificios de la (in) justicia, quienes cuando lo hicieron encontraron un muro de maltrato y desatención, tuvieron en la intemperie de las plazas la posibilidad de ser escuchadas, abrazadas, creídas, contenidas. Las denuncias y los dolores vividos no pueden ser reparados en un acto, pero el caminar juntas, ayudaba a comprender que no se trata de un destino individual, sino que era consecuencia de un sistema de variadas opresiones, que sólo pueden ser enfrentadas desde los lugares colectivos y potentes de los feminismos populares.

El encuentro con el que se cerró este ciclo se inició en Plaza de Mayo, al terminar la histórica ronda de las Madres, y antes de arrancar la 3ª Marcha contra los Travesticidios y Transfemicidios. Frente a la mismísima Catedral porteña, se hizo la 10° audiencia en la que se incorporaron testimonios de complicidad y de indiferencia de la “justicia” con las múltiples violencias contra travestis y trans. Se valoró también el sentido histórico de la sentencia por Diana Sacayan, donde por primera vez se incorpora la figura de travesticidio en el juzgamiento de estos crímenes de odio. Say Sacayan, hermano de Diana, destacó que ese logro fue resultado de la vinculación de la dimensión jurídica con la política y la movilización social. La necesidad del acompañamiento y la movilización durante los procesos judiciales, atravesó todas las audiencias. Así asomaron las primeras conclusiones en la perspectiva de una justicia feminista: se trata de una justicia del acompañamiento. Es una justicia compañera.

En la última jornada del Tribunal, Adriana Guzmán, integrante del Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia señalaba: “¿Qué podría ser la justicia feminista? Eso está saliendo de este proceso de casi un año, en el que venimos discutiendo estas cosas, doliéndonos juntas, llorando juntas. Venimos indignándonos, rebelándonos, y también venimos abrazándonos, y sanando juntas. … Si queremos construir una justicia feminista, tenemos que tener la voluntad política de mirarnos, reconocernos, y construir juntas otra justicia, una justicia de la sanación”.

Otra pista entonces nacida de los diálogos: entender la justicia feminista no como una justicia de la revancha, del odio, de la rabia, de la venganza, del castigo, sino una justicia de la sanación. 

La (in) justicia patriarcal

Identificar el origen de la (in) justicia patriarcal, es imprescindible para quienes buscan crear colectivamente una justicia feminista. Esto permite que las violencias vividas, y la “ausencia de justicia”, puedan ser reconocidas en una trama histórica. Muchas de las denunciantes remarcaron que fue importante para salir del estado de culpa y de desvalorización generado por la cultura machista y misógina, saber que lo que les sucede es producto de un sistema de opresiones y no la respuesta a sus supuestos “errores” o culpas. Desnaturalizar las opresiones, entender su génesis, y la organización a partir de ello en movimientos antipatriarcales, las fortaleció en su autoestima. La justicia feminista es una justicia de la organización colectiva, del actuar en comunidad. 

Mabel Gabarra expuso con mucha claridad en el tribunal, que “la justicia patriarcal no es un fenómeno de este siglo ni del siglo pasado. Se creó con el signo patriarcal. No hay justicia patriarcal si no hay estado patriarcal. El patriarcado es un sistema histórico –es decir que se puede cambiar, y en eso estamos trabajando–. Se fundamenta en el dominio del hombre a través de la violencia sexual”. Dio muchos ejemplos para luego concluir con un llamado a no simplificar las expectativas de la lucha feminista: “Decimos que el patriarcado se va a caer. Es un deseo de todas. Pero lograrlo nos va a llevar un proceso histórico de mucha más organización y lucha”.

Estos análisis, en los que el entusiasmo por la “ola feminista”, se aterrizaban con el análisis de los obstáculos existentes, fueron importantes para que el Tribunal no actuara como un mecanismo de mera agitación, sino que funcionara como hecho pedagógico y político. La justicia feminista es pedagogía, es –en palabras de Paulo Freire– una acción cultural por la libertad.

La filósofa feminista Alejandra Ciriza, realizó también consideraciones sobre cómo se expresa esta genealogía en nuestro continente colonizado: “La Justicia patriarcal tiene una genealogía, un origen histórico. Los estados nacionales en este continente se construyeron sobre la base del genocidio de los pueblos indígenas, de la ocupación de sus territorios. La justicia patriarcal es producto de la construcción del estado nación que las oligarquías supieron edificar. Es racista y clasista”.

Los diálogos fueron intensos. Estuvieron atravesados por las diferentes experiencias, los diferentes lenguajes en los que se piensa el mundo, las diversas señales de identidad, la pluralidad de cuerpos. 

Del dolor al abrazo

A lo largo de las audiencias expusieron denuncias algunas víctimas directas de (in)justicias o familiares: Bertha y Laura Zúniga Cáceres (hijas de Bertha Cáceres de Honduras), Franchesca Mata (feminista de El Salvador, quien denunció la situación de las mujeres salvadoreñas presas por presuntos abortos), Cristina Castro (educadora de la Escuela Fals Borda de Colombia, quien presentó la situación de criminalización de mujeres campesinas e indígenas defensoras de los territorios), Julia Castillo (mujer aymara, que denunció las violencias y la impunidad que sufren las mujeres del Abya Yala migrantes en Europa). Hubo numerosos testimonios de mujeres migrantes, y denuncias colectivas realizadas por el Movimiento de Mujeres Indígenas, por las mujeres negras y afrodescendientes del Grupo Matamba, por la red de docentes y familiares de Lugano y del Bajo Flores, las trabajadoras de ATE y de la Asociación Judicial Bonaerense, las campesinas e indígenas organizadas en Conamuri y en la OLT de Paraguay, en el Movimiento Sin Tierra de Brasil, las integrantes del Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia y Argentina, la Campaña contra las Violencias. Participaron familiares de víctimas de las redes de prostitución y de trata, de femicidios, madres cuyos niños y niñas sufrieron abuso sexual, víctimas de acoso sexual en centros de trabajo y Universidades, entre otras.

El proceso fue desgarrador. Nos preguntamos: ¿Es posible escuchar tanto dolor? ¿Se puede “alivianar” el momento del relato y de la escucha? ¿Se pueden “comprender” las injusticias sin “sentipensarlas”? Verónica Gago, integrante de la colectiva Ni Una Menos, expresaba que “estos movimientos están construyendo una forma de decirnos entre nosotras lo que ya nos es intolerable, lo que sentimos como injusto de una manera que no se soporta más, que no se aguanta más. Esa construcción de lo injusto, de lo intolerable, lleva también a un proceso de autorizarnos a nosotras mismas a juzgar la situación que vivimos como injusta. … Darle dignidad al sentimiento de injusticia significa hacerlo audible, ponerle palabras, empezar a narrarlo entre nosotras, y construir una red en la que nos acompañamos para poder decir estas cosas. Esta idea de autorizarnos a juzgar surge de algo, que es el deseo de desobedecer”.

Una de las ideas que cobró mayor fuerza a lo largo de las audiencias, fue la legitimación de la desobediencia ante esta justicia patriarcal que niega todos y cada uno de los derechos de las mujeres, las lesbianas, las travestis, trans, cada uno de los derechos de los pueblos. Soraya Maicoño, vocera de la Pu Lof en resistencia Cushamen, fue contundente al denunciar las violencias vividas por el pueblo mapuche, y también al señalar a los responsables políticos, económicos, mediáticos, militares de la misma. “Nos están matando, encarcelando, amenazando, a nosotras y a nuestros hijos e hijas, a nuestro pueblo”, denunció. Exigió que se identifique y nombre a los responsables de la masacre. También lo exigió Aura Lolita Chavez Ixcaquic, feminista comunitaria de Guatemala, y lideresa del pueblo k´iche´, quien se encuentra amenazada de muerte por las empresas madereras y fuertemente criminalizada en su país: “Hace un año yo no puedo entrar en mi territorio. ¿Se imaginan lo doloroso que es no poder entrar donde nacimos, donde vivimos, donde vivieron nuestras abuelas, donde queremos que vivan nuestros hijos e hijas? Quiero denunciar al estado de Guatemala como un estado femicida. Es un estado que no respeta la vida de los cuerpos plurales, de los territorios, de los pueblos, la vida de la niñez, de la juventud.” Lolita denunció también el riesgo que viven otras defensoras de territorios, e identificó a las niñas calcinadas en el llamado Hogar Seguro, como defensoras de los territorios-cuerpo, porque ellas habían salido a denunciar que eran violadas, que eran prostituidas. 

El nombre de Benetton –pronunciado por Soraya y también por Ivana Huenelaf, mujer mapuche criminalizada por su solidaridad con estas luchas–, sonó al igual que el nombre de la Forestal Arauco –traído desde Chile y de la empresa DESA, responsable del feminicidio de Bertha Cáceres. La sentencia viene acompañada de un listado de perpetradores de violencias contra las mujeres y los pueblos. La justicia feminista no es una justicia del castigo, pero tampoco es una justicia de la impunidad. Produce condenas sociales y políticas a los responsables de las violencias patriarcales, racistas y coloniales.

Una audiencia particular se realizó el 9 de enero, cuando se cumplían 5 años del asesinato en Francia de las activistas kurdas Sakine Cansiz, Fidan Dogan y Leyla Saylemez. Un triple femicidio político con el aval de dos estados, el turco y el francés. Presentó la denuncia Nursel Kilic, integrante del Movimiento de Mujeres de Kurdistán, a través de una videoconferencia en la que destacó que este crimen fue parte de una ejecución planificada con el objetivo de atacar a la revolución de las mujeres.

En la última audiencia, Nalu Faría, denunció otro femicidio político: el de Marielle Franco en Brasil. Se pudo ver cómo el poder patriarcal recurre cada vez más al crimen político para intentar evitar el crecimiento de las luchas lideradas por las mujeres, buscando detener la revolución feminista en curso.

El proceso del tribunal ético feminista finalizó este primer ciclo con la sentencia construida colectivamente, palabra por palabra. Dijo finalmente Lolita Chávez: “Con nuestra fuerza, con nuestra energía, con nuestra vida, con nuestros pañuelos, con nuestros cantos, con nuestras danzas, llevaremos esta sentencia, sépanlo, a los distintos territorios, en el aquí y en el allá, en el ahora. Por esta justicia, que desde nosotras, desde nuestra inspiración, desde nuestras amoras, está naciendo. Esta justicia, en esta sentencia que hoy tenemos del Tribunal Etico Popular Feminista, Justicia Ya, ahora y siempre. En estos ciclos de los tiempos cortos y los tiempos largos, porque nos da una vitalidad y una fuerza esperanzadora, de seguir caminando, en esta red de la vida. Porque así es, así sea y así será. Vivas nos queremos. Libres nos queremos”.

 

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