Uno cuando piensa en supuestos de conductas que violen las Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos en general piensa en los hechos sucedidos durante las dictaduras y en nuestro caso, en particular y principalmente, entre los años 1976 y 1983.

No obstante ello puede también suceder durante el llamado “estado de derecho” y actualmente por conductas de los jueces, los que por ignorancia o bien dolosamente -a través de la violación de principios constitucionales- pueden infringir a un ciudadano tratos inhumanos y degradantes.

Y ello sucede actualmente en el conocido y mentado “edificio de Comodoro Py”, donde una persona puede llegar al final de su vida cubierto por la sospecha de haber cometido “delitos” sin haber tenido nunca presunción de inocencia, ni acceso a la Justicia, estigmatizado por un juez de instrucción como “traidor a la patria” y “encubridor”,  sin haber tenido un juicio oportuno que pusiera las cosas en su lugar.

Con temor de no llegar a tiempo a ser oído por un Tribunal, pidió declarar antes del juicio, por lo que este viernes 13 de julio declarará por video conferencia desde su domicilio antes del comienzo del esperado juicio y sufriendo un cáncer avanzado. Como informaran sus abogados, en enero de 2018 debía viajar a Estados Unidos para realizar un tratamiento imprescindible para su salud, pero la prisión preventiva que le aplicaron tanto el juez Bonadío como la Sala II de la Cámara de Apelaciones determinó que su visa de ingreso a Norteamérica fuese dada de baja, insumiendo más de dos meses la obtención de un nuevo visado de carácter humanitario. Cuando finalmente pudo ingresar a Estados Unidos, ya era demasiado tarde para efectuar el tratamiento.

Esto sucedió luego de que casi 2 años antes otros jueces de mismo fuero, en sus distintas instancias, determinara que tales hechos no constituían delito alguno sino el mero ejercicio de sus funciones. Pero parece ser que, para otro sector de ese fuero, el mero ejercicio de las funciones en un gobierno anterior fuese delictivo, no importando que encuadre en alguno de los delitos previstos en el Código Penal, como exige la Constitución.

Por eso coincido con la Dra. Peñafort cuando afirma que “decir que gran parte del Poder Judicial ha enloquecido sería generoso". El Poder Judicial, o una buena parte de él, se han olvidado del derecho, de la Constitución Nacional, de la dignidad de las personas y de las garantías que resguardan esa dignidad. Ayudan a su desmemoria un gobierno que nunca tuvo memoria ni noticia de ellas. Y los medios de comunicación, que como sabemos a las garantías constitucionales las puede tapar o hacer tapa. Deciden taparlas…… Nadie está a salvo de la arbitrariedad, porque ella es caprichosa por definición. Como el amor. Y como la muerte.

 

°Profesora Consulta de Derecho Penal y Procesal Penal- Facultad de Derecho-UBA

Ex Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal