El conflicto en la Línea 144 de atención a casos de violencia de género en la provincia de Buenos Aires continúa. El gobierno de María Eugenia Vidal no reincorporó a las cinco trabajadoras despedidas en mayo por haber participado de medidas de fuerza gremiales, les descontó entre 3 mil y 5 mil pesos a las 70 que hicieron paros posteriores y no define la situación de la totalidad de las operarias, cuyos contratos vencen en octubre.

A finales de mayo pasado, la Subsecretaría de de Género y Diversidad decidió apartar a cuatro trabajadoras sociales y una abogada, en un hecho que fue denunciado por ATE como “un intento de disciplinamiento” ante la seguidilla de medidas de fuerza que se vienen llevando en distintas áreas de la administración bonaerense. Durante el mes y medio que transcurrió desde entonces, los funcionarios de esa área dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos no convocaron al gremio para ningún diálogo ni negociación.

No obstante, ante la trascendencia del hecho y la solidaridad recibida por parte de varias organizaciones del colectivo Ni Una Menos y organizaciones de derechos humanos, hubo un llamado desde esa área que encabeza Santiago Cantón para reunirse la semana próxima y discutir la situación de las cinco despedidas.

El movimiento feminista no es el único que exigió la reincorporación de esas trabajadoras. También lo hicieron varios concejos deliberantes de distintos municipios bonaerenses y hasta la Legislatura provincial votó un proyecto de comunicación en el que se repudió esa medida.

“Vamos a apostar a la instancia de diálogo que se abrió a hora, pero el conflicto no se terminó”, puntualizó a Página/12 la delegada de ATE Cintia Nucifora. La situación de reclamos “se va a resolver cuando las cinco compañeras estén adentro y tengamos una solución a los otros planteos que hacemos”, añadió.

Lo que también se plantea es la reestatización del servicio de la Línea 144, actualmente tercerizado en Provincia Net, una empresa del Banco Provincia. “El 90 por ciento de las compañeras está contratada como empleadas de comercio o son monotributistas”, remarcó Nucifora para dar cuenta de la situación de irregularidad en la que están quienes receptan llamados de víctimas de la violencia machista.

Los contratos son de renovación anual, pero ante “los despidos generalizados (en el Estado), no sabemos qué va a pasar; no les dan garantía de continuidad” ni a ellas ni al funcionamiento de la línea de ayuda, advirtió la delegada.

“No puede ser que una política pública esté atada a acuerdo con empresa, por eso reclamamos, además de las reincorporaciones, la estatización del servicio y la incorporación de más personal”, concluyó.