La Cámara de Casación le revocó la exención de prisión a la diputada
Ayala más cerca de la detención
La Sala IV revocó la exención que le había otorgado la Cámara Federal de Chaco. La diputada chaqueña de Cambiemos está procesada con prisión preventiva por delitos de corrupción. El macrismo hasta ahora evitó el desafuero.
La diputada macrista Aída Ayala recibió ayer un nuevo revés judicial y quedó a un paso de la detención.La diputada macrista Aída Ayala recibió ayer un nuevo revés judicial y quedó a un paso de la detención.La diputada macrista Aída Ayala recibió ayer un nuevo revés judicial y quedó a un paso de la detención.La diputada macrista Aída Ayala recibió ayer un nuevo revés judicial y quedó a un paso de la detención.La diputada macrista Aída Ayala recibió ayer un nuevo revés judicial y quedó a un paso de la detención.
La diputada macrista Aída Ayala recibió ayer un nuevo revés judicial y quedó a un paso de la detención. 

La diputada chaqueña de Cambiemos Aída Ayala quedó otra vez más cerca de ser detenida. Es porque la Sala IV de la Cámara de Casación Penal revocó el beneficio de la exención de prisión que le había otorgado la Cámara Federal de Chaco en una causa en la que está procesada con prisión preventiva por asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, fraude, incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Los hechos que están en juego se remontan a su gestión como intendenta de Resistencia -cargo que ocupó entre 2007 y 2015— y le atribuyen un papel clave en el armado de un entramado para sacar tajada de fondos municipales a través de la concesión de servicios públicos a un cartel de empresas con elevados sobreprecios. Es posible que, con el nuevo cuadro de situación, el fiscal de la causa, Patricio Sabadini, insista con el pedido de desafuero, que un mes atrás los compañeros de Ayala habían rechazado.

Ayala fue procesada a fines de mayo por la jueza Zunilda Niremperger, que la describió como jefa de una organización destinada a beneficiarse con el pago de sobreprecios a proveedores de servicios públicos. Un caso emblemático es el contrato de concesión para la recolección de residuos, otorgado a la empresa PIMP, que aparece como única oferente, aún sin tener suficiente estructura, a una licitación hecha a las apuradas, sin intervención del concejo deliberante ni objeciones del líder sindical Jacinto Sampayo, que terminó procesado con preventiva igual que la diputada. La fiscalía lo había señalado como socio oculto de PIMP, y como eslabón de todo un tejido societario donde figuraban otras personas, y donde el gremialista y Ayala serían algunos de los beneficiarios reales. También fueron procesados en ese momento los empresarios Carlos Huidobro, Pedro Alberto Martínez, Alejandro Fischer -que fue jefe de campaña— , Patricia Vázquez -cuñada del ministro de Hacienda—, Rolando Javier Acuña y Fátima Rigassio.

Ayala había hecho un planteo de exención de prisión, que la jueza rechazó pero la Cámara Federal de Chaco decidió admitir aunque incluso Ayala la había sido procesada con prisión preventiva. En la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, el oficialismo se aferró a aquel fallo para rechazar el desafuero “por prematuro” porque consideraron que se había vuelto abstracto. Sin embargo, los jueces de Casación Mariano Borinsky y Juan Gemignani cuestionaron ayer a los camaristas federales por hacer un “análisis errado y antojadizo”, y por no evaluar los riesgos procesales, como las posibilidades de fuga y entorpecimiento de la investigación, de una persona que aún se encuentra en el poder. Por los delitos en juego, además, la proyección de la pena posible es elevada, mayor a ocho años. Ambos señalaron que es un caso de “arbitrariedad de sentencia” por no tener fundamentos. Gustavo Hornos votó en disidencia, y dijo que había que esperar una resolución sobre el procesamiento que debe tomar el mismo tribunal de alzada en Resistencia.

El fallo de la Cámara chaqueña había generado un gran escándalo a nivel local, no sólo porque era ostensiblemente funcional a desactivar el desafuero, sino porque salió a la luz que uno de los jueces que lo firmaban, José Luis Aguilar, tendría relación de amistad y había viajado a España poco antes con Mario Argarate, abogado de Acuña, otro de los acusados que fue beneficiado con la exención de prisión. Después que ese vínculo salió a la luz, el camarista Aguilar se excusó. También firmaron las juezas Rocío Alcalá y María Delfina Denogens.

Uno de los argumentos de Ayala, para cuestionar su acusación, es que los contratos fueron renegociados cuando llegó la nueva gestión, con Jorge Capitanich. Sin embargo uno de los argumentos para sostener el procesamiento ha sido que la renegociación implicó para PIMP un incremento elevado de costos, que es imposible que haya podido absorber en condiciones normales, sin haber recibido sobreprecios.

Cuando se trató el desafuero de Ayala, diputados de la oposición, entre ellos Agustín Rossi, Marcos Cleri y Leopoldo Moreau, denunciaron el “doble estándar” del oficialismo, que había impulsado trámites exprés en otros casos como el del ex ministro de Planificación y diputado Julio De Vido, que está preso. Todo hace suponer que, a menos que la Cámara local le otorgue una mágica salvación a la diputada de Cambiemos, pronto su pedido de desafuero para su detención volverá al centro de la escena.

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