Desde Santa Fe.
La impactante investigación del periodista Juan Amorín sobre el financiamiento trucho de la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires en 2017, recicló –en los medios y en las redes sociales– una condena de setiembre del año pasado al ex presidente del PRO en Santa Fe, Miguel Torres del Sel y sus dos tesoreros: Norberto Principato y el intendente de Funes Diego Omar León Barreto, a quienes el juez federal Reinaldo Rodríguez inhabilitó para ocupar cargos políticos y partidarios porque no pudieron justificar fondos de la campaña del macrismo, en 2011. La “inhabilitación” era por “seis meses” para “el ejercicio de sus derechos a elegir y ser elegidos” en puestos “públicos nacionales” o actuar como “autoridades” de su partido. Pero la sentencia no está firme, la defensa apeló ante la Cámara Nacional Electoral y ya tiene en su haber una sorpresa: un dictamen del fiscal electoral Jorge Di Lello, el mismo que investiga la denuncia de Amorín, que es favorable al ex embajador en Panamá y sus socios políticos, al punto que habilitaría el cierre de la causa. “Lo llamativo es que el fiscal Di Lello dictaminó a favor de los imputados, así que ahora tendrá que resolver la Cámara”, reveló una fuente consultada por Rosario/12.
En las elecciones de 2011, Torres del Sel ganó una banca de diputado nacional. En las de 2015, perdió la Gobernación de Santa Fe con Miguel Lifschitz por apenas 1.500 votos. A fines de ese año, Mauricio Macri lo designó embajador en Panamá, hasta que renunció a mediados de 2017, poco antes de que el juez Rodríguez lo inhabilitara para ocupar cargos públicos y partidarios por seis meses. El humorista se fue de la política.
La investigación la inició el fiscal federal Nº 2 Walter Rodríguez, en agosto de 2015, cuando descubrió inconsistencias en el financiamiento de la campaña del PRO en Santa Fe de 2011 que Torres del Sel, Principato y León Barreto no explicaron. Los acusó a los tres por la falta de rendición de cuentas de menos de 300.000 pesos en cuatro rubros: uno por 50.985 pesos, otro por 213.341 pesos y los restantes por 5118 pesos y 5004 pesos. Las cifras se achican ante la magnitud de la investigación de Amorín en la provincia de Buenos Aires, donde descubrió que casi mil personas, la mayoría beneficiarios de planes y monotributistas sociales, aparecen como aportantes de la campaña de Cambiemos en 2017 y no lo sabían. En Santa Fe, en su primer fallo, el juez Rodríguez coincidió con la defensa de Torres del Sel que había planteado la “prescripción” de la causa, así que declaró “extinguida la acción sancionatoria” y dispuso su pase al “archivo”, en setiembre de 2015. A partir de ahí, comenzó un proceso que escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El fiscal Rodríguez apeló ante la Cámara Nacional Electoral, que le dio la razón: revocó el archivo dispuesto por el juez y reabrió la investigación, en diciembre de 2016. La defensa de León Barreto recurrió entonces ante la Corte que desestimó el recurso en junio de 2017 y dejó firme la sentencia de la Cámara. Dos meses después, en setiembre de 2017, el juez decretó la “inhabilitación” de Torres del Sel, León Barreto y Principato para “el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegidos” en cargos “públicos nacionales” o “autoridades” de su partido por seis meses. La prueba era el propio “balance del PRO” firmado por el humorista y los tesoreros que “impide conocer en forma completa y real el origen y destino de los fondos de la campaña” de 2011, dijo el magistrado.
Sin embargo, la sentencia sancionatoria no está firme. La defensa volvió a apelar ante la Cámara Nacional Electoral que corrió vista al fiscal Di Lello, quien dictaminó a favor de los imputados. El dictamen sorprendió en Santa Fe, donde el fiscal federal Nº 1 Jorge Gustavo Onel, se había pronunciado en línea al planteo de su antecesor en el proceso, el fiscal Nº 2 Rodríguez. “Es un dictamen llamativo”, dijo una fuente judicial consultada por este diario.
