El diputado nacional del Frente Renovador Felipe Solá sostuvo que el rechazo de la oposición al acuerdo que la administración de Mauricio Macri firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “es el primer paso” que debiera darse “para que el Gobierno revierta una agenda de recortes más severa” que la que ese organismo le “impuso” a Grecia, “un país sumergido en un ajuste con enormes costos sociales” porque "sus condiciones implicarán que nuestro país se encamine a una realidad social tan grave como la del 2001".

En este sentido, el ex gobernador bonaerense alertó que “las exigencias” que impone ese préstamo stand by “implican profundizar un ajuste tan brutal como el del gobierno de (Fernando) De la Rúa”. “El final es previsible, volver a transitar una crisis extrema”, subrayó y explicó los motivos por los cuales considera que las consecuencias económicas serán similares a las que derivaron en el estallido de 2001.

Alertó que el organismo multilateral pone como requisito “vender el mayor patrimonio del Estado”, como lo es el dinero de los aportes previsionales administrado por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. Hay una intención de “privatizar de forma encubierta las jubilaciones y pensiones volviendo a un sistema de AFJP para ricos y a un sistema de beneficios miserables para el resto de la sociedad”, agregó.

Para Solá es necesario rechazar el avance del gobierno que prevé la cesantía de “miles de empleados públicos” y el compromiso del Estado de “no respetar derechos de ajuste salarial por encima del 8 por ciento anual para los próximos años”, cuando “la inflación esperada para los meses que vienen no será inferior al 32”. Las derivaciones de esto, añadió, serían “la pérdida de servidores públicos, investigadores, maestros o enfermeros, que disminuirán el capital social de nuestro país”.

El legislador aseguró que "es tiempo de romper con una realidad que nos impone una sociedad empobrecida, de desempleo creciente, de menor actividad económica, con un default de deuda que acecha, y un Estado que se subordina al FMI y a los fondos de inversión". En ese sentido indicó que "es fundamental trabajar para que nuestro país deje de exportar ahorro nacional e importe deuda externa como único objetivo de gobierno".

Otra de las medidas que el Gobierno pondrá en marcha para cumplir con sus compromisos será “bajar las inversiones del Estado en infraestructura y desarrollo”, lo cual “le resta vigor a cualquier proyecto de desarrollo futuro sin bases que los sostenga”.

El otro punto que el diputado cuestionó es la decisión de Cambiemos de “seguir endeudando a nuestro país, cuando sabemos que los niveles de deuda comparado con nuestras exportaciones o contra nuestro PIB señalan indicadores de elevado riesgo para la sustentabilidad de nuestra economía”.

“Privatizar de forma encubierta servicios públicos, empresas del Estado o futuras acciones que pueda realizar el Estado” serán otras de las medidas que se tomarán, a pesar de que “esas decisiones terminan siendo financiadas por el conjunto de la sociedad”, agregó.

Entre las exigencias que el FMI le pone a Mauricio Macri también se encuentra la continuidad de la dolarización de la deuda “a través de una pésima política de emisión de LEBAC por parte del BCRA y su canje en Letras del Tesoro dolarizadas”. Estas herramientas financieras, agregó, “no hacen más que descargar sobre toda la sociedad los resultados de un gobierno superado por sus propios problemas y equivocadas decisiones”.

Lo que el organismo también le pide al Gobierno, cerró el diputado, es “ignorar que la única solución para atacar la crisis del sector externo que Macri ha magnificado sea liberando el tipo de cambio para estimular exportaciones que minimicen la esperada y enorme caída del consumo y la inversión, el desempleo y la pobreza”.

Por otra parte, el ex gobernador bonaerense rechazó el argumento del gobierno nacional de que el FMI es el “único camino” para salir de la crisis. En su opinión, la clave es “generar un programa que, en lugar de disminuir sólo el gasto, nos permita proyectar una señal de mejora de los ingresos públicos luchando contra la evasión, la elusión, el fraude impositivo y la fuga de capitales”.

Frente a este contexto, concluyó, “es imperioso construir consensos sociales que permitan obstruir cualquier intento de imponer políticas de un brutal ajuste a la mayoría de las argentinas y argentinos. Callar es condenar a nuestro país y permitir que nos roben el futuro”.