Desde hoy entra en funciones una agencia provincial cuya función es tomar bienes muebles secuestrados por la Justicia en el marco de investigaciones penales, para reutilizarlos a favor del Estado o subastarlos e incorporar esos dividendos a las arcas públicas. Se llama Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Eso es lo que este mediodía inaugurarán el ministro del área, Ricardo Silberstein, y su par de Seguridad, Maximiliano Pullaro, en la localidad de Alvear. 

La Aprad es una consecuencia de la ley 13.579, que la Legislatura aprobó en setiembre del año pasado y el Ejecutivo reglamentó en febrero. No debe confundírsela con el proyecto de ley de extinción de dominio, cuyo tratamiento está trabado en el Legislativo. La ley que constituye la Aprad corre para los bienes decomisados al delito, el narcotráfico sobre todo, sobre todo en lo que hace a la confiscación y apropiación estatal para el caso de bienes muebles como vehículos, computadoras, electrodomésticos y mobiliario en general.

La inauguración se realiza en Alvear porque allí, en un depósito de ese gobierno comunal, se almacenan los bienes confiscados con destino de remate o incorporación a los recursos de la administración provincial. Desde este año el gobierno dispuso a ese galpón de 10 mil metros cuadrados el envío de automotores y otros bienes menores incautados en allanamientos originados por investigaciones penales de la circunscripción judicial de Rosario y Venado Tuerto. La Aprad cuenta con otro depósito de 5 mil m2 en Santo Tomé, para los decomisos de los juzgados de Santa Fe, Rafaela y Reconquista. Esta agencia es autárquica y trabajará en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación y la Oficina de Gestión Judicial.

El secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza, destacó que Santa Fe es la primera provincia en contar con una ley de esta característica. Según el funcionario, el fisco llegó a expropiar y escriturar para el Estado cuatro inmuebles que usaba una red de prostitución en Melincué. Hoy cotizan en dos millones de pesos y tienen destino de establecimientos “con fines sociales”.

La Aprad tiene la facultad de disponer de los bienes decomisados que no sirvan como prueba dentro de la causa penal en la que fueron secuestrados, y solo después de que lo autorice el juez a cargo. Los somete a subasta pública y el dinero producido pasa a las arcas del Estado, o pasa al inventario estatal de vehículos o mobiliario, según de qué bien se trate. Voceros de la cartera de Justicia precisaron que los remates de estos bienes serán publicitados con antelación.

Todos los bienes a su disposición deberán estar publicados y actualizados de manera periódica en una página web, para consulta de distintas áreas de la Provincia, municipio y comunas, o particulares también.

Si bien el funcionamiento de la Aprad está contemplado dentro del presupuesto provincial, la ley indica que se financiará con los recursos procedentes de los fondos decomisados y del producto de los bienes subastados.

Los bienes, al ser tomados de la causa penal y almacenados en depósitos, serán registrados con los datos pertinentes de la investigación de origen y de su titular. En el caso de los vehículos, deberá constar hasta los datos del seguro automotor, en caso de que lo tengan. En cuanto al dinero en efectivo decomisado en allanamientos, se informará el número de cuenta judicial y banco donde se deposite.

Para el caso de inmuebles, la Aprad deberá tomar toda la información registral del bien y solicitar a la Dirección de Catastro su tasación para su posterior subasta o venta anticipada, previa autorización judicial.