Quién paga la política

El fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso llamado “Citizens United vs. la Comisión Federal Electoral” marcó el principio del desquicio en ese país y sirve de apunte cuando uno intenta entender hacia dónde se mueven las nuevas derechas que en modo “patio trasero” hacen lo mismo aunque tengan otras leyes. Fue en 2010. Ese fallo revirtió la ley electoral vigente en ese país desde l947, según la cual las corporaciones no podían hacer aportes por ningún candidato en particular, y sólo estaban habilitadas para manifestar públicamente su postura electoral y “sobre temas concretos” mediante avisos publicitarios propios.   

En marzo de 2010, una sentencia con un solo voto más que la posición contraria entre los supremos norteamericanos –cinco votos a favor, cuatro en contra–, revocó la restricción en un fallo con ribetes delirantes: la equiparación de una corporación –con todo su poderío económico– y un ciudadano cualquiera, fue defendida por esos cinco jueces con la Primera Enmienda, y como un acto “en defensa de la libertad de expresión”. Después no nos sorprendamos de la degradación del sistema, del lenguaje, del planeta, de la vida en común, de la calidad de la política: la institución judicial más alta del país más poderoso de Occidente forzaba hace ocho años el lenguaje y el razonamiento invocando un concepto liberal para justificar la destrucción de un sistema político y abrir la puerta del poder a los conglomerados económicos que desde entonces pagaron por sus candidatos y se encaminaron hacia lo que venían planeando desde hacía mucho en sus encuentros anuales: la gobernanza global.

En 2010, dando la noticia y el análisis de ese fallo en el portal Sin Permiso, Juan González Bertomeu –un constitucionalista argentino radicado en Nueva York –, iniciaba su artículo con una cita de El Contrato Social, de Rousseau: “La igualdad implica en lo que concierne a la riqueza, que ningún ciudadano pueda ser tan rico como para poder comprar a otro, ni tan pobre como para estar forzado a venderse”.      

Si hablamos en términos democráticos, sin siquiera rozar el tipo de democracia del que hablamos, ese concepto de Rousseau aplicado al financiamiento de las campañas políticas parece encajar en una lógica estricta: si la ley no regula hasta qué cantidad pueden hacerse aportes y quiénes y bajo qué modalidad pueden hacerlos, la idea de democracia se deshace porque es obvio que “los ricos”, hoy devenidos corporaciones, serán los sponsors de un candidato que los favorezca, dejando muy atrás las chances de las demás posiciones políticas y especialmente las que favorecen a los sectores populares. Desde que la política es marketing y los viejos volantes y actos barriales fueron ampliamente superados en el imaginario social por la cultura de la imagen televisiva, permitir que las campañas sean financiadas por corporaciones fulmina la igualdad de oportunidades de ganar exponiendo ideas y propuestas. 

Escribía Bertomeu en 2010: “En las sociedades democráticas actuales, el dinero ejerce una influencia significativa sobre la política en general, y sobre el acceso a los cargos en particular. Un aspecto central de la relación entre el dinero y la política gira en torno a la oportunidad efectiva que cada ciudadano tiene de influir (de hacerse oir) en la toma de decisiones. El principio democrático según el cual cada persona vale un voto (no más y no menos que eso) resulta burlado cuando grandes disparidades económicas hacen, por un lado, que ciertos individuos tengan acceso asegurado a la arena política (mediante contribuciones a los fondos de campaña o, incluso, autofinanciando una postulación), mientras que aquellos con menores recursos ven significativamente disminuidas sus posibilidades de lograrlo”. 

Eso acababa de hacer la Corte Suprema de Estados Unidos. Destruir la chance de la igualdad de oportunidades de los diferentes partidos. El fallo permitía a las corporaciones y a los sindicatos gastar dinero de manera ilimitada, dejando en el pasado aquellas folklóricas giras distrito por distrito en campañas de recaudación de fondos. Los fondos iban a salir del uno por ciento, mientras el 99 asistiría, en los años siguientes, a la mayor concentración de riqueza registrada en los últimos siglos.     

Ese fallo tuvo un antecedente, el caso Buckley (l976, la época no fue ajena), en el que se discutió una ley anterior (de l974) destinada a disminuir el riesgo de corrupción en el sistema político. En su decisión en el caso Buckley, la Corte convalidó las restricciones a las contribuciones, pero liberó los aportes a gastos de campaña, no haciendo, por primera vez, distinción entre “individuos” o “grupos”. Ese es el único colectivismo que sostiene la nueva derecha que baja del Norte: el de los ricos agrupados en conglomerados económicos. Y no sólo eso: la Corte norteamericana indicó que “el concepto de que el gobierno puede restringir el discurso de algunos miembros de la sociedad con el fin de ampliar la voz relativa de otros, es completamente ajeno a la Primera Enmienda, la que fue diseñada para asegurar la más amplia diseminación posible de información a partir de fuentes diversas y antagónicas”. 

¿Jeringozo? ¿Posverdad ya en l976? ¿Una nueva definición de un sistema político, ya habilitado desde su mayor instancia judicial para ser copado por los buitres y las transnacionales? Desde entonces, los pequeños aportantes no son más que folklore, son dinámica de imagen, recurso de publicidad en los diarios, ya regados por dinero corporativo, cuando no comprados directamente, para maquillar de periodismo otra forma de la campaña. 

Y lo del periodismo no es lateral, sino central: en ese mismo fallo, la Corte también les reconocía a las corporaciones idéntico derecho que a un ciudadano cualquiera a la libertad de expresión. La SIP, que está integrada por dueños de medios y no por periodistas, ha sido en estas décadas la portadora de la medida de la libertad de expresión. Ha usado como propio un derecho por el que lucharon los obreros un siglo antes. Pero no lo ha hecho ilegalmente: la estafa es informativa, porque nunca definen a qué libertad de expresión se refieren. No es la de todos. Es la de ellos y los círculos rojos de los que forman parte.

Que en 2010 esa Corte haya terminado de eliminar todas las diferencias que regulaban la equidad de los ciudadanos frente al poder, y que haya convertido en parte del sistema al lobby y la injerencia de los grandes pulpos en las campañas, fue decididamente un golpe a la política y al sistema a escala más amplia. En la Argentina, los falsos aportantes que denuncian que fueron usados para justificar enormes sumas de dinero cuyo origen el gobierno debe explicar y la justicia tiene la responsabilidad de investigar, es una hilacha de la podredumbre de un sistema que por todos los frentes la nueva y extraviada derecha global busca dinamitar. Las corporaciones se han lanzado a gobernar el mundo. Macri y Vidal son exponentes menores y débiles, torpes e ineficaces, de esa corriente capitalista psicotizada, sólo interesada en el dinero y dispuesta a disolver por la fuerza todos y cada uno de los derechos de los ciudadanos.

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