“Gorila y antiobrero”, así calificó al Gobierno nacional el titular del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, tras la multa por más de 890 millones de pesos que el Ministerio de Trabajó le aplicó al gremio por una supuesta violación a una conciliación obligatoria. Es más, aseguró que el pago de la sanción producirá el quebranto de la obra social. En tanto, el ministro Jorge Triaca, buscó mostrarse inflexible al sostener que el sindicato “tiene que pagar, no hay espacio para la impunidad”.

La multa que instrumentó Trabajo se generó a partir de la aplicación de la ley 25.212 que prevé sanciones leves, graves y muy graves. La que le aplicaron es considerada muy grave y se respaldan, según la resolución del Ministerio, en la ley 14.786 que prevé sanciones si realizan medidas de acción directa durante el plazo que comprende una conciliación obligatoria. Todo indica que Triaca consideró las asambleas realizadas por Camioneros cuando en diciembre pasado reclamaban el pago de un bono adeudado como medidas de acción directa que rompían la conciliación.

Hugo Moyano no disimuló su enojo por la sanción a su sindicato. Durante una entrevista radial aseguró que la multa “es propia de un Gobierno antiobrero y gorila y en particular el Ministerio de Trabajo, porque aplica una sanción que no tiene sentido. Por eso, vamos a ir a la Justicia, como corresponde”. Luego, el camionero la emprendió contra Triaca al recordar que “el padre del ministro de Trabajo fue el único sindicalista adherente que tenía el Jockey Club. Ahí no va cualquiera, van los oligarcas, los gorilas. Se ve que entre padre e hijo se repite la historia”.

Por otra parte, Moyano aseguró que “si quieren llevarse ese dinero (el de la multa) quiebran la obra social. Les voy a llevar a los trabajadores que tienen familiares enfermos a la puerta del Ministerio para que los atiendan y les diga él (por Triaca) por qué tomaron esta medida”.

Moyano no consideró esta acción del Gobierno como algo aislado: “Pretenden ir contra uno de los gremios más importantes para después avanzar sobre el resto. Pero con nosotros no lo van a conseguir”, indicó. Eso sí, reclamó la solidaridad del resto del universo sindical al afirmar que “nosotros siempre peleamos solos. Si se suman, bienvenidos, porque después van a apuntar al resto, pero si no la peleamos igual. No le tenemos miedo a nadie, solo nos arrodillamos ante Dios”.

Enterado Triaca del enojo de los Moyano dijo que “camioneros incumplió la conciliación en diciembre del año pasado, como lo hizo también en junio de este año, y la aplicación de la multa es por el incumplimiento”. No conforme con ella, el funcionario azuzó al gremialista al señalar que “acá no hay espacio para la impunidad ni para que ninguno se pueda llevar las cosas por delante”. Más allá de la dureza de la frase del ministro no deja de ser un tanto paradójica partiendo de la base de que en enero pasado Triaca estuvo envuelto en una polémica cuando trascendió que la casera de la quinta de la familia del ministro no solo había estado contratada en negro sino que además la había designado en el intervenido gremio del SOMU. En esa oportunidad Triaca recibió un reto de la Oficina Anticorrupción y nada más.

Una de las primeras reacciones sindicales la protagonizó el triunviro Juan Carlos Schmid, quien ayer respaldó a su antiguo jefe sindical: “Es llamativo lo que pasa con los Moyano. Hay un embate sobre el gremio. Por una cosa u otra siempre están en la tapa de los diarios”, sostuvo.

El elevado monto de la sanción surge del cálculo que se realiza a partir de la cantidad de afiliados que tiene el gremio, algo más de 182 mil, multiplicado por 4430 pesos por cada uno de éstos. Este número es variable porque se obtiene del porcentaje que el Ministerio toma del valor mensual del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente al momento de la constatación de la infracción, por cada trabajador afectado. A partir de allí es que la sanción asciende a casi 810 millones de pesos que, de acuerdo a lo que sostiene la notificación enviada por los funcionarios de Triaca, el gremio de Camioneros deberá pagar primero antes de poder apelar y tiene un plazo de tres días hábiles.