Ese viernes Andrés había dejado grabado el partido del Mundial, sobre la mesa quedó un trabajo práctico para terminar. “Mire sus ojos y se va a dar cuenta, era muy dulce y compañero, tenía futuro y proyectos”, dice Mónica Campoy a PáginaI12 y muestra la foto de su hijo asesinado hace cuatro años cuando fue detenido en un control vehicular por dos gendarmes apostados sobre la ruta 7, en Mendoza: recibió un tiro en la nuca. Los de uniforme verde oliva están acusados de homicidio agravado pero sostienen que el joven se “suicidó”. A pesar de que el juicio oral es inminente, su madre teme que salgan impunes porque siempre permanecieron en libertad, por la cantidad de irregularidades que hubo en el proceso y la nula visibilidad de la causa. “Cuando me di cuenta de que borraron todas las pruebas comenzó mi calvario, ¿qué hace falta para que la historia de mi hijo se transforme en el caso García Campoy y así reaccione la Justicia?”, se pregunta.
“Tenía 20 años, le gustaba coleccionar cosas antiguas. Era alegre, responsable, muy solidario y para nada rebelde. Le gustaba mucho la naturaleza, estaba feliz con su carrera de licenciatura en Higiene y Seguridad Industrial. A la mañana trabajaba en una casa de repuestos de moto y a la tarde iba a facultad”, describe Mónica Campoy. “Viajó a San Luis el viernes 5 y el lunes 8 de junio de ese año renovó el carnet de conducir y el seguro, le dije que se quedara la semana completa pero me dijo ‘no mami tengo que ir a trabajar y la facultad’. Y se fue el martes temprano”. Había arreglado con sus amigos de San Luis que el 20 de julio venía para el día del amigo, para irse a San Francisco del Monte de Oro. Pero no pudo ser.
Ganas de vivir
El 13 de junio de 2014 dos efectivos de Gendarmería Nacional lo pararon en un control sobre la Ruta 7, en Luján de Cuyo. Andrés tenía todo en regla pero los gendarmes lo habrían asesinado de un tiro en la nuca. Los peritajes establecieron que la lesión provocada por la bala mide unos siete milímetros, lo que no coincide con la versión de Gendarmería según la cual el joven se quitó la vida. “Cuando la psicóloga Marta Mula hizo un estudio en el que reunió a más de treinta personas dio como resultado que Andrés nunca se pudo haber suicidado, por la clase de persona que era”, dice su mamá. La profesional especificó en su informe que el muchacho no había tenido internaciones psiquiátricas y que “no había indicadores previos de trastornos psicopatológicos personales ni familiares”. Dijo, además, que no se registraban intentos de quitarse la vida, tendencias suicidas o de autoagresión o conductas de riesgo. “Por el contrario –expresó Mula– se destaca un manejo correcto y respetuoso con proyecciones futuras.” En cambio, el análisis de la personalidad del gendarme que habría disparado indicó que posee “elementos de omnipotencia y apela a la racionalización para justificar situaciones de conflicto”.
A pedido de la fiscalía, están imputados Maximiliano Alfonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez. El juez federal a cargo es Walter Bento, quien nunca ordenó la detención de los gendarmes y el expediente que instruye está lleno de irregularidades, tales como que el peritaje de restos de pólvora a los acusados se hizo cinco días después de los hechos.
Ese día Andrés iba con su auto, un Peugeot 504, por la Ruta 7 y fue parado en un control. Llevaba toda la documentación al día y en el baúl tenía una carabina de colección del año 1860, que no funcionaba y estaba toda oxidada. Era de su bisabuelo y la llevaba para mostrársela a un señor que posiblemente la compraría. El fiscal provincial Jorge Calle caratuló el caso como homicidio agravado por haber sido cometido por integrantes de una fuerza de seguridad. Andrés no tenía pólvora ni en las manos ni en la ropa.
¿Otro gatillo fácil mendocino?
Aunque el caso está listo para ser elevado a juicio oral, Mónica Campoy teme que los gendarmes queden impunes. “Creía en la justicia hasta que me tocó a mí, nunca hicieron nada, no fueron al lugar a investigar. Fui yo al barrio a buscar testigos y me contaron que la tarde noche del día que mataron a mi hijo iban los gendarmes preguntando por las casas para averiguar si alguien había visto lo que pasó. Así es obvio que van a tener miedo de atestiguar”, dice Campoy. “Mientras siga en la causa el juez Bento, que recusamos, no habrá justicia. Son dos gendarmes, uno le disparó y el otro es cómplice”, agrega.
A la hora de enumerar los huecos, la mamá de Andrés relata que en la versión de los gendarmes ellos aducen que se asustaron. “Dicen que el nene sacó el arma, no tiene sentido, esa carabina no funciona, se usa con las dos manos, no hay casquillos, además adentro del auto no hay sangre, no soy perito pero según ellos se tiró adentro del Peugeot. Andrés no era discutidor, jamás se hubiera resistido a bajarse”. Y razona: “El celular de Andrés nunca fue analizado, si iba a vender el arma tenía que estar ese dato. Con mi abogado Ramiro Villalba pedimos la sábana (listado de llamadas entrantes y salientes) en Movistar, pero nos respondieron que no porque está intervenida por el juez”.
Campoy asocia la esperanza de obtener justicia con la visibilidad y difusión de lo que le pasó a su hijo. “En Mendoza hay muchos otros casos de gatillo fácil, el de Lucas Carrasco, el de Tania Páez y Lorena Castro, que perdieron la vida al ser atropelladas por un policía que manejaba borracho, el del joven Sebastián Bordón, el de Ezequiel Torres y tantos otros chicos”, enumera.
Andrés García Campoy tenía dos hermanos, Juan Manuel, de 21, y Agustín, de 13. Su mamá no sólo pide justicia, también expresa el deseo de obtener una respuesta: “Espero saber algún día por qué lo hicieron, siempre me lo pregunto”.
