El presidente Mauricio Macri anunció decisiones y disposiciones sobre las que, en rigor, se viene hablando desde hace rato. El Gobierno viene anunciando un embate sobre las leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia, y sobre el decreto 727 –reglamentario de la primera– prácticamente desde su inicio. Básicamente tiene entre ceja y ceja tres cuestiones: a) habilitar de algún modo la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico y al terrorismo internacional, lo que en la actualidad permanece vedado por las antedichas leyes; b) resolver una peliaguda cuestión normativa, como es la de modificarlas, que han constituido el mayor consenso político alcanzado desde el retorno de la democracia; y c) intervenir de alguna manera sobre el deteriorado estado de las FF.AA. debido sobre todo pero no exclusivamente, a la penuria presupuestaria que vienen arrastrando desde hace décadas el sector defensa.

Sobre lo primero, no obstante la diversidad de argumentos irrelevantes que ha venido sosteniendo el oficialismo, gravita un compromiso de política internacional que fue revelado inadvertidamente por el embajador argentino en Washington, Fernando Oriz de Roa, que relaciona a nuestro país con el norteamericano. Argentina brindaría apoyos en materia de combate al narcotráfico y al terrorismo internacional auspiciado por EE.UU., y recibiría a cambio asistencia para el desenvolvimiento de la agenda económica gubernamental. Sobre lo segundo, el plexo normativo antedicho es de una consistencia tal que es un hueso duro de roer. Y conserva un amplio reconocimiento social tanto como un sustento parlamentario bastante sólido. Sobre lo tercero el paso del tiempo ha sido implacable: cada vez quedan menos medios y capacidades operacionales en nuestras FF.AA..

Es en este contexto en el que Macri ha hecho ayer nuevamente declaraciones. Anunció que se pondría en marcha un cambio profundo en la política militar, que incluiría –entre otros ítem– una reforma de la ley de personal militar, la eventual creación de unidades operativas conjuntas, una participación más activa en apoyo de la lucha contra el narcotráfico y la ampliación de su posibilidad de acción contra agresiones externas de cualquier tipo y no meramente contra agresiones de otros estados, según se ha informado en diversos medios. 

Nada de esto es verdaderamente nuevo. Lo que sí parece serlo es que es que está ya firmado un decreto que podría en marcha estas modificaciones y habría asimismo una Directiva de Política de Defensa Nacional, que encuadraría y orientaría lo mencionado inmediatamente más arriba.

Hasta que todo esto se oficialice y se pueda constatar no es mucho lo que se puede decir. Probablemente esos documentos hablarán de apoyo a zonas de frontera, custodia de objetivos estratégicos, ciberdefensa, y escenarios estratégicos, además de lo ya consignado. Pero no hay que precipitarse, porque lo que ha sido reiterado en todo este tiempo es que ha habido “mucho ruido y pocas nueces”.

Lo que sí se mantiene en su lugar es el contexto enunciado al comienzo de esta nota. Hay una búsqueda de cobijo bajo el ala del águila americana que seguirá vigente por razones económicas ahora más acuciantes que antes, desde el punto de vista argentino. Y si el oficialismo procurara avanzar en la redefinición normativa por la vía de un decreto tendrá probablemente una dura respuesta parlamentaria y de amplios sectores sociales y del arco político. Ambas cuestiones son difíciles de compatibilizar.

La maña y la maraña con que se ha venido moviendo el oficialismo frente a estas cuestiones es consecuencia de esa dificultad. Habrá que esperar y ver para que lado salta la liebre, siempre atentos y vigilantes –como hubiera dicho un viejo y sabio general– en defensa de la democracia, del estilo de relaciones civiles-militares que se abrió camino a lo largo de tres presidencias diferentes (Alfonsín, Menem, De la Rúa), y de la dignidad que un mar de pañuelos blancos supo recuperar para nuestra república. 

* Sociólogo. Ex embajador en Haití y Guatemala.