La ex diputada Margarita Stolbizer se sumará a las denuncias ya presentadas por el caso de los aportantes truchos en la campaña de Cambiemos con 150 nuevos casos. En el marco de la causa penal a cargo del juez Sebastián Casanello, la dirigente del GEN solicitará que se incluya su presentación bajo la figura de amicus curiae (amigos del tribunal), lo que “no produce perjuicio contra ninguna de las partes del litigio ni tiene entidad para retardar o entorpecer el proceso”.
“Personas que figuran aportando para solventar la campaña de diferentes candidatos, esconden dinero negro. No solo se utiliza la identidad de ciudadanos que no prestaron su consentimiento ni aportaron un solo centavo. Esta maniobra esconde una compleja estructura de corrupción”, señala el escrito de la líder del GEN al que tuvo acceso Página|12. Además, advierte que el financiamiento real de las campañas podría provenir “de empresarios que desean solventar las campañas electorales por encima de los límites legales” o “de dinero sucio proveniente de la corrupción o devolución de favores relacionados con obra pública”.
En su carácter de presidenta de la asociación civil Bajo la Lupa, Stolbizer solicitará mañana al juez Casanello incluir una centena de nuevos aportantes truchos, todos ellos residentes en las localidades bonaerenses de Olavarría, Monte Hermoso, General Villegas, Azul, Saladillo, Chacabuco, Ramallo, San Fernando, General Lamadrid, Luján y Morón. El esquema, según indica el texto, incluye tres tipos de casos: todos los candidatos de la lista de Cambiemos incluidos como aportantes, en general con la misma suma de dinero que variaba según el cargo al que aspiraba o sus chances de conseguirlo; empleados municipales en distintos distritos de la Provincia y beneficiarios de planes sociales que aparecen incluidos como afiliados y/o aportantes, como si se hubieran copiado listados, sin que las personas hayan tenido conocimiento de esa situación. En ese sentido, la presentación destaca que “se han encontrado listas completas de ‘candidatos aportantes’ en 81 municipios durante la campaña de 2015, por un monto de 500 mil pesos por distrito. Tres Arroyos, Monte Hermoso, Tres de Febrero, Merlo, Moreno, San Miguel, Pergamino, Lobo, Tandil, Lomas, Patagones son solo algunos de los lugares que integran la interminable lista”.
Un lugar destacado en el escrito lo ocupa el caso de los empleados de la empresa de seguridad privada Murata S.A. –muy cercana al PRO–, que ya fue denunciada por la asociación civil que preside la ex diputada por “los hechos de violencia institucional que ocurren en el INTI bajo la gestión de Javier Ibañez”, en referencia a “la contratación de personal de civil armado que recorre el predio y que persigue, amenaza, acosan y controlan a los trabajadores”.
El escándalo de los falsos aportantes desatado tras la investigación periodística de El Destape ya le costó el cargo –al otro día de nombramiento– a la contadora general bonaerense, María Fernanda Inza, y no para de crecer. La causa que tiene a cargo Casanello –por lavado de dinero– es una de las tres en marcha por este tema: hay una iniciada de oficio por el fiscal federal electoral Jorge Di Lello y otra que se abrió con la denuncia de la senadora provincial Teresa García, radicada en la Justicia de La Plata, que apunta directamente contra la gobernadora María Eugenia Vidal por ser la presidenta de la fuerza política a nivel local.
