Un día después de que el presidente Mauricio Macri anunciara desde Campo de Mayo una “nueva política de defensa”, insistiera en que “es importante que (las Fuerzas Armadas) puedan colaborar con la seguridad interior” y, a diferencia de los ensayos anteriores, tradujera esa pretensión en un decreto que amplía las posibilidades de intervención militar y que generó un amplio rechazo de la oposición y del movimiento de derechos humanos, ministros y legisladores de Cambiemos se esmeraron ayer en negar la posibilidad de que los militares vayan a actuar en funciones propias de policías y fuerzas de seguridad.
“De ninguna manera se está planteando que las Fuerzas Armadas hagan seguridad interior, que está prohibido por ley”, dijo el impávido jefe de gabinete Marcos Peña. “Es un disparate cualquier hipótesis que se plantea con esa visión conspirativa paranoica de que se quieren usar las fuerzas armadas para tareas de represión social. No tiene ningún fundamento”, manifestó el funcionario, quien pidió a los opositores que “lean el decreto”. Se quejó de que “muchos reaccionaron sin tener claridad de lo que estaban hablando” y presentó el anuncio como un problema de mano de obra desocupada. “Hay que tener tranquilidad y responsabilidad, dar vuelta la pagina y darle tareas concretas a más de 70 mil personas sin agitar las cuestiones del pasado”, dijo Peña.
El ministro de Defensa, Oscar Aguad, afirmó que al Gobierno “no se le ocurrió jamás pensar en una hipótesis” de utilización de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, ya que “ese es un problema de las fuerzas de seguridad”. “No está previsto que la presencia militar en las fronteras sustituya a la Gendarmería. Lo que está previsto en la frontera es evitar que grupos, fundamentalmente narcotráfico y terrorismo internacional, se asienten en territorio argentino”, dijo. “Hay muchas poblaciones vulnerables en el norte del país. Vamos a trabajar sobre esas poblaciones (sic) y la consigna es tratar de evitar que grupos de esta naturaleza se asienten en territorio argentino”, agregó el ministro, sin un solo dato como sustento.
Patricia Bullrich, que supo ser la vocera oficial de la cruzada para asignar nuevas funciones a las Fuerzas Armadas, declaró que “no va a haber ningún militar en ninguna calle de ninguna ciudad del país”. “Es hora de sacar a las Fuerzas Armadas del rincón. Tienen una culpabilidad eterna y se las ha estigmatizado. Lo que hace el Presidente es decir ‘así como todos entramos en la democracia, lo mismo tenemos que hacer con las Fuerzas, no podemos condenarlas eternamente’”, intentó traducir a Macri. La ministra de Seguridad insistió en que “está absolutamente descartado que se utilicen para seguridad interior” y relativizó las críticas: “No tenemos que responder a lo que dicen los otros sino responderle a la sociedad que las Fuerzas Armadas tienen un lugar en la Argentina”, dijo.
Federico Pinedo, en tanto, consideró que “las críticas son para tergiversar lo que el decreto dice”. “Le quieren hacer decir que las Fuerzas Armadas van a intervenir en temas de seguridad interior y el decreto dice lo contrario. O que van a ser usadas para reprimir situaciones internas y eso está expresamente prohibido por ley”, dijo durante una exposición por radio Mitre. Sin embargo, el presidente provisional del Senado admitió que “fue un fracaso la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico” en Colombia y se diferenció de la línea oficial al afirmar que “tampoco queremos eso en la Argentina”. Luego explicó que el decreto se refiere a “asistencia logística que es básicamente traslado y de disuasión (sic) a las fuerzas de seguridad”. “La posición del gobierno es que existe una ley de defensa que se va a respetar y existe una ley de seguridad que se va a respetar. Las fuerzas de seguridad son las que actúan en la seguridad interna, las Fuerzas Armadas en la defensa exterior de la Nación, eso dicen las leyes y eso es lo que se va a cumplir”, aseguró.
